EPU 2015

Examen Periódico Universal de 2015

El 21 de enero de 2015 se celebró a Ginebra el segundo EPU a España, en una sesión en la que participaron delegaciones de todos los estados miembros de la ONU. En este examen debía considerarse el mayor o menor cumplimiento de los compromisos adquiridos en el examen anterior, así como la novedades en materia de protección de los derechos humanos durante la nueva legislatura. El debate giró en torno al impacto de las medidas que desde 2011 había llevado a cabo el nuevo gobierno en los derechos humanos, tales como las reformas legislativas restrictivas del acceso universal a la justicia, del derecho de reunión o de la libertad de expresión. Estas son cuestiones que fueron denunciadas reiteradamente por diferentes organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

El balance general cuatro años después fue que gran parte de las medidas a las que se comprometió el gobierno del PSOE no se habían realizado, y la protección y ejercicio de los derechos humanos en España había empeorado considerablemente. Así se recoge en la compilación de informes que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH) preparó en base a la información facilitada por el Defensor del Pueblo, la de diferentes organismos de protección de los derechos humanos de la ONU y la de entidades de defensa de los derechos humanos.

Esta serie de documentos, junto al informe presentado por el gobierno español, constituyó la base del examen. En un primer momento, la documentación fue analizada por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, a partir de la cual formularon sus preguntas en la sesión de debate que se celebró día 21 de enero. Después de tres horas de diálogo, la troika formada por Reino Unido, Sierra Leona y Macedonia, fue la encargada de realizar un informe final con el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en España, en forma de recomendaciones para mejorarla. Este informe se presentó en la siguiente sesión del Consejo que tuvo lugar en el mes de junio, donde el Gobierno comunicó qué recomendaciones se comprometía a seguir y cuáles rechazaba.

Entre la información que se consideró en este segundo EPU estaban los informes que el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) envió en colaboración con otras entidades de la sociedad civil, y en los que se incluyeron nuestras principales preocupaciones sobre lo que entendíamos como "un ataque sistemático y continuo a los derechos humanos" en 2015:

1. Las reformas del actual gobierno que afectan al derecho a la salud y, que rompen el modelo de acceso universal gratuito a la misma,

2. El derecho a una vivienda digna que se ve vulnerado por la concepción de la vivienda como bien de inversión y no de primera necesidad, lo que promueve el sobreendeudamiento de las personas como principal vía de acceso a las mismas, que con la actual crisis y la falta de vivienda social, supone el desalojo de miles de personas por impagos de alquiler o de hipotecas, situación que ya se manifestó en el anterior EPU,

3. El derecho a la alimentación se ve afectado por la situación de desempleo provocado por la crisis, lo que supone una situación de pobreza alimentaria, malnutrición, reducción o congelamiento de las becas comedor, entre otras, como ya se expresó en el anterior EPU,

4. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que implica un concepto de seguridad y orden público que gira entorno a la seguridad de instituciones y autoridades frente a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, afectando a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacíficas,

5. Los derechos de las personas privadas de libertad debido a la alta duración de las penas, la falta de penas alternativas o los malos tratos y torturas en prisión, ya manifestado en la anterior revisión del 2010,

6. Los derechos de los extranjeros se ven afectados en situaciones como las que se viven en los centros de internamiento-como se puso de manifiesto en el anterior EPU- o las que se viven en las fronteras de Ceuta y Melilla con las expulsiones colectivas o, en el acceso al derecho de asilo,

7. La lucha contra el racismo y la xenofobia debido a la todavía existente falta de datos oficiales, que ya se manifestó anteriormente,

8. La necesidad de un II Plan de Derechos Humanos,

9. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supone la desaparición del principio de jurisdicción universal, preocupación ya manifestada,

10. Los recortes en la cooperación al desarrollo,

11. La Ley de Tasas que supone un obstáculo en el derecho al acceso a la justicia,

12. El Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que obstaculiza el acceso a la asistencia jurídica gratuita,

13. La nueva Ley de Seguridad Privada que no contempla ninguna previsión en relación con el respeto de los derechos humanos ni la creación de un mecanismo independiente de rendición de cuentas de las actividades de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas,

14. La reforma del Código Penal que no introduce el delito de desaparición forzada y reintroduce la cadena perpetua, entre otras medidas y,

15. La falta de satisfacción por el gobierno de las recomendaciones de los organismo internacionales y del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.