Assumpte

Data

Fets del cas

Resolució

Drets vulnerats

24/10/24

Jordi Agustí Julià, un magistrado honorario nacido en 1945 y residente en Barcelona, fue nombrado magistrado honorario en la Sala Social del Tribunal Supremo para un período de cinco años, con efecto a partir del 17 de septiembre de 2015, cuando debía alcanzar la edad obligatoria de jubilación fijada en 70 años.

El 29 de junio de 2017, Julià solicitó el cese de sus funciones como magistrado honorario con efecto al 30 de septiembre de 2017 para poder percibir su pensión de jubilación. Esta solicitud fue aceptada por acto administrativo el 14 de septiembre de 2017. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2017, solicitó ser mantenido en su puesto hasta el final del mandato de cinco años para el que había sido nombrado, argumentando que su solicitud anterior no debía interpretarse como una renuncia implícita o explícita a sus funciones.

Más tarde, Julià solicitó al Tribunal Supremo español que planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la Ley Orgánica 7/2015, que reformó el régimen de jubilación de los jueces y magistrados en España, contravenía los principios de inamovilidad e independencia de los jueces. Dicha reforma extendió la edad máxima de jubilación de 70 a 72 años, pero eliminó el estatus de magistrado honorario, lo que resultó en la jubilación de Julià antes de que pudiera ejercer hasta los 75 años, como él deseaba.

El Tribunal Supremo, en una decisión del 16 de julio de 2020, rechazó su recurso, argumentando que la disposición transitoria de la Ley Orgánica 7/2015 no debía ser leída de forma aislada y que no afectaba al principio de inamovilidad, ya que se aplicaba a todos los magistrados honorarios sin distinción. Julià impugnó entonces esta decisión ante el Tribunal Constitucional, que declaró su recurso de amparo inadmisible el 31 de mayo de 2021. Finalmente, el 3 de diciembre de 2021, presentó una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Absolutoria

El Tribunal de Derechos Humanos, en su decisión comunicada el 24 de octubre de 2024, abordó la queja de Jordi Agustí Julià contra el Reino de España, en la que alegaba violaciones de su derecho a un juicio justo y al respeto de su vida privada debido a la aplicación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio de 2015, que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. El Tribunal de Derechos Humanos examinó si el Tribunal Supremo había proporcionado una justificación adecuada para su decisión de no plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si dicha reforma había afectado de manera desproporcionada su situación.

Aunque la reforma tuvo repercusiones en la vida profesional y la remuneración de Julià, el Tribunal de Derechos Humanos concluyó que el objetivo legítimo de la reforma y la evaluación de proporcionalidad realizada por las jurisdicciones internas eran suficientes para justificar la medida.

El Tribunal de Derechos Humanos determinó que las autoridades españolas no habían sobrepasado su margen de apreciación y que los motivos expuestos por el Tribunal Supremo eran pertinentes y suficientes. En consecuencia, y por unanimidad, el Tribunal declaró la queja de Julià manifiestamente infundada y la consideró inadmisible, cerrando así el caso.

-

24/10/24

Ernesto Luis Quintero Méndez, un ciudadano venezolano, fue detenido en España en el contexto de un proceso de extradición solicitado por Venezuela. La extradición se solicitó debido a su supuesta participación en delitos de fraude, malversación de fondos y valores, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, los cuales en Venezuela son castigados con penas de prisión de entre dos y quince años. Durante su detención, Quintero alegó que esta era arbitraria y que no se cumplieron las condiciones legales necesarias para justificar su privación de libertad, ya que la legislación española no permitía la detención "instrumental" sin un riesgo de fuga.

A lo largo de su caso, presentó quejas sobre la falta de información y la inacción de las autoridades españolas en relación con su extradición, argumentando que había múltiples retrasos injustificados y que su detención se prolongó más allá de los plazos establecidos en el tratado bilateral entre España y Venezuela. Quintero también solicitó asilo en España, argumentando que su vida y seguridad estaban en peligro si regresaba a Venezuela. Además, informó a la Audiencia Nacional que había presentado una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su situación, lo que generó un debate sobre la exhaustividad de los recursos legales que había agotado en el ámbito nacional.

Absolutoria 

La resolución del caso de Ernesto Luis Quintero Méndez se centró en la evaluación de sus alegaciones de detención arbitraria y violaciones a sus derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos evaluó el caso y, aunque se observaron ciertos retrasos, concluyó que no había evidencia suficiente de violaciones a sus derechos bajo el Artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, determinando que las acciones de las autoridades españolas no constituían una detención arbitraria ni un incumplimiento de sus derechos. Examinando las circunstancias de su detención y el proceso de extradición, el Tribunal consideró los argumentos presentados por Quintero sobre la falta de justificación legal para su prolongada privación de libertad y la inacción de las autoridades españolas. A pesar de las quejas sobre los retrasos en la organización de su extradición y la falta de información sobre la fecha de su entrega a Venezuela, el Tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para considerar que su detención violaba el Artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, se declaró inadmisible la solicitud, determinándose que las autoridades españolas habían actuado dentro de los límites de la ley y que los plazos establecidos en el tratado bilateral no habían sido infringidos de manera que justificara una intervención del Tribunal. En consecuencia, se desestimaron las quejas de Quintero, reafirmando la legalidad de su detención y el proceso de extradición en curso.

-

17/10/24

El sindicato, argumentando que la prohibición vulneraba su derecho a la libertad de reunión y asociación, llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El tribunal, en su sentencia, concluyó que las autoridades españolas actuaron de manera justificada, dadas las circunstancias extraordinarias de la pandemia. El TEDH consideró que la decisión de prohibir la manifestación era necesaria para proteger la salud pública y que el equilibrio entre la limitación de derechos y la necesidad de salvaguardar la salud había sido adecuado. En consecuencia, el TEDH determinó que no hubo una violación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de reunión y asociación.

Absolutoria 

El sindicato, argumentando que la prohibición vulneraba su derecho a la libertad de reunión y asociación, llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El tribunal, en su sentencia, concluyó que las autoridades españolas actuaron de manera justificada, dadas las circunstancias extraordinarias de la pandemia. El TEDH consideró que la decisión de prohibir la manifestación era necesaria para proteger la salud pública y que el equilibrio entre la limitación de derechos y la necesidad de salvaguardar la salud había sido adecuado. En consecuencia, el TEDH determinó que no hubo una violación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de reunión y asociación.

-

10/09/24

T.V., mujer nigeriana llegó a España en el año 2004 a la edad de 14 años, siendo víctima de trata de personas y explotación sexual. Fue trasladada a España bajo la promesa de un trabajo pero al llegar, fue forzada a prostituirse y sometida a abusos físicos y psicológicos por parte de sus captores, C. y U. Durante su tiempo en España la Sra T.V. vivió en condiciones de esclavitud, siendo controlada por sus proxenetas. En el año 2011, la Sra.T.V. presentó una denuncia formal alegando que había sido víctima de trata y explotación sexual. En su denuncia, solicitó el estatus de testigo protegido. Desde ese entonces se iniciaron varias investigaciones judiciales que enfrentaron múltiples obstáculos, incluyendo la falta de pruebas y la dificultad para localizar a los acusados. En enero de 2017, la Audiencia Provincial desestimó provisionalmente el caso de la Sra. T.V., argumentando que, según los informes de evaluación de edad, 'la víctima tenía 6 años en 2003', lo que hacía improbable que hubiera viajado a España con un pasaporte de 'adulto' o que hubiera trabajado como prostituta. La Sra. T.V. apeló, argumentando que los informes de evaluación de edad eran a menudo poco fiables y que las autoridades no habían tenido en cuenta la totalidad de su testimonio, que había permanecido detallado y consistente. En junio de 2017, la Audiencia Provincial ratificó su decisión de desestimar el caso, señalando que las alegaciones de la Sra. T.V. eran inconsistentes. Finalmente, en octubre de 2020, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de amparo de la Sra. T.V.

Condenatoria

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la Sra. T.V. presentó una denuncia válida por trata de personas y prostitución forzada, aportando alegaciones detalladas y coherentes. Aunque fue reconocida como víctima de trata entre 2003 y 2011, las autoridades españolas no actuaron con la debida diligencia durante la investigación inicial. Ya que, pese a abrir el caso en 2011, no se siguieron pistas clave que la demandante había proporcionado, como su experiencia de llegada a España y el trabajo en el club R.

Estas deficiencias, sumadas a la respuesta superficial de la Audiencia Provincial al desestimar provisionalmente el caso sin un análisis adecuado, llevaron a que no se respetaran las obligaciones del Estado de investigar graves alegaciones de trata de personas. Por estas razones, el Tribunal concluyó que se violó el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege contra la esclavitud y trabajo forzoso, evidenciando un desprecio por la obligación de investigar seria y eficazmente estos delitos.

Art 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso)

17/09/24

Rosa Edelmira Pindo Mulla, una ciudadana ecuatoriana y testigo de Jehová, se opone estrictamente a las transfusiones de sangre, incluso si su vida corre peligro. Antes de una cirugía recomendada, emitió su voluntad anticipada y un poder notarial en los que expresaba esta negativa, incluyendo situaciones de emergencia. Estos documentos estaban debidamente registrados y eran accesibles para el personal médico.

El 6 de junio de 2018, fue admitida en el Hospital de Soria con hemorragia interna grave y anemia, donde rechazó una transfusión, firmando un documento de consentimiento informado que se incluyó en su expediente. Debido a su grave estado, fue trasladada al Hospital de Madrid, donde se esperaba que pudiera recibir tratamiento sin transfusiones, y el médico que la acompañaba llevó sus registros.

Durante el trayecto, los anestesiólogos del hospital de Madrid contactaron al juez de turno, informando sobre la negativa verbal de la paciente. Sin conocer a Pindo Mulla ni sus deseos específicos, el juez autorizó todos los procedimientos necesarios para salvar su vida. Debido a la urgencia, no se siguió el protocolo habitual de consentimiento en el Hospital, y se realizó una cirugía en la que se le administraron tres transfusiones de sangre, sin que Pindo Mulla fuera informada de la decisión del juez.

Creyendo que recibiría tratamiento sin transfusiones, se enteró de lo sucedido al día siguiente. Posteriormente, presentó acciones legales para impugnar la decisión, pero estas fueron confirmadas en apelación y finalmente inadmitidas por el Tribunal Constitucional.

Condenatoria

En el caso Pindo Mulla C. España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) abordó las quejas de Pindo Mulla en relación con el respeto a su autonomía y el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento médico. La Corte determinó que el proceso decisional en el que se autorizó el tratamiento sin su consentimiento claro y específico violó su derecho al respeto por la vida privada bajo el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en relación con el Artículo 9.

El Tribunal subrayó que, aunque los profesionales de la salud tenían la responsabilidad de proteger la vida de la paciente, esta responsabilidad no debería menoscabar su derecho a decidir sobre su tratamiento. En situaciones de emergencia, la negativa de un paciente a recibir un tratamiento vital debe ser “clara, específica y no ambigua”. La Corte encontró que en este caso, las condiciones para respetar la autonomía de Pindo Mulla no se habían cumplido.

Además, el TEDH destacó que la decisión del juez de turno se basó en información incorrecta y limitada, lo que afectó negativamente el proceso de toma de decisiones. La falta de consideración adecuada sobre la capacidad de la paciente para decidir y la omisión de informar a ella y a su familia sobre la decisión judicial fueron factores críticos. La Corte concluyó que esto comprometió seriamente la posibilidad de que Pindo Mulla ejerciera su autonomía y observase las enseñanzas de su religión.

Como resultado, el Tribunal ordenó a España que revisara y mejorara los procedimientos relacionados con la toma de decisiones médicas, asegurando que se respeten adecuadamente los derechos de los pacientes, especialmente en situaciones que involucren su vida y su autonomía. La decisión enfatizó la importancia de un equilibrio entre la protección de la vida y el respeto a las decisiones informadas de los pacientes.

Derecho a la libertad de pensamiento,conciencia y religion (Art.9)

Derecho al respeto por la vida privada y familiar (Art.8 )

25/07/24

El demandante, David Couso Permuy, es el hermano de José Manuel Couso Permuy, un periodista que fue asesinado el 8 de abril de 2003 por las fuerzas militares estadounidenses en Irak mientras realizaba su trabajo. Tras la muerte de su hermano, se iniciaron procedimientos penales en España para investigar el caso. Sin embargo, en 2016, una reforma legislativa (Ley Institucional No. 1/2014) limitó la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar crímenes cometidos fuera del territorio nacional, lo que llevó al cierre de los procedimientos.

El demandante y otros miembros de la familia del periodista habían participado activamente en la investigación, presentando solicitudes de medidas de investigación que fueron en su mayoría aceptadas. Sin embargo, tras la reforma, el Gobierno español argumentó que ya no existía la obligación de continuar con la investigación, lo que llevó al demandante a presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En su reclamación, el demandante alegó que la falta de acceso a un tribunal y la interrupción de la investigación constituían una violación de su derecho al respeto de su vida privada y a un juicio justo, según lo establecido en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Absolutoria 

La resolución del caso Couso Permuy v. España se centró en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto a las quejas presentadas por el hermano de José Couso, el solicitante David Couso Permuy. En su fallo, el tribunal abordó principalmente las alegaciones de falta de acceso a un tribunal y la efectividad de los recursos legales disponibles para el solicitante.

El TEDH concluyó que España había violado el derecho del solicitante a un recurso efectivo bajo el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el derecho a un juicio justo bajo el artículo 6. El tribunal determinó que la reforma legislativa de 2014, que limitó la jurisdicción de los tribunales españoles en casos de crímenes internacionales, había afectado negativamente la capacidad del solicitante para acceder a la justicia en el caso de la muerte de su hermano.

Como resultado, el tribunal ordenó a España que tomara medidas para garantizar que los procedimientos judiciales en casos de crímenes internacionales sean accesibles y efectivos, permitiendo así que las víctimas y sus familias puedan buscar justicia adecuadamente.

Derecho a un recurso efectivo(art. 13)

Derecho a un juicio justo(art.6)

Tena Arregui. c. Espanya​

11/01/2024

El demandant era membre d’un partit polític i alguns dels membres, inclòs el demandant, advocaven per una coalició amb un partit rival. L’any 2015 van expulsar a un dels membres del partit i es van examinar els seus correus electrònics on es va descobrir que el demandant havia enviat correus al membre expulsat en relació a la nova coalició, una informació que es va filtrar a la prensa. Posteriorment, l'organització va distribuir un informe amb els correus electrònics enviats des del compte personal del demandant. Per consegüent, aquest va presentar una reclamació davant l'Òrgan de Solució de Controvèrsies del partit però la reclamació va ser desestimada. Finalment el demandant va acudir al TEDH reclamant que la intercepció i divulgació dels seus correus electrònics i la desestimació de la denúncia penal presentada en relació havien suposat una violació del seu dret al respecte de la seva vida privada i de la seva correspondència (art. 8).

Absolutòria 
El Tribunal assenyala, que la intercepció i divulgació dels correus electrònics del demandant va suposar una greu intromissió en el seu dret al respecte de la seva vida privada i la seva correspondència. No obstant això, creu adequada la valoració donada pels tribunals nacionals, i no veu motius que puguin justificar la substitució de l'opinió d’aquests per la seva pròpia. També s'observa que el demandant hauria pogut interposar un recurs davant els òrgans jurisdiccionals civils després de l'arxivament de les diligències penals, ja que aquestes no van concloure mitjançant una sentència ferma. Tenint en compte l’anterior i el marge d'apreciació de l'Estat, el Tribunal no pot considerar que les autoritats nacionals no protegissin adequadament el dret del demandant al respecte de la seva vida privada i de la seva correspondència i per això dedueix que no hi ha hagut violació de l'article 8 del Conveni.

G.T.B. c. Espanya​

16/11/2023

El cas fa referència a un menor de 2 mesos nascut a Mèxic i que no ha estat registrat en el registre civil en emigrar a Tenerife (1985). Passen els anys i el menor segueix sense ser registrat per la mare i no pot atendre l'escola a causa de la falta de documentació. Així mateix, el demandant resideix en un centre de menors durant uns anys i posteriorment és enviat a un centre de detenció. Durant aquest període es van emetre informes psicològics i de seguiment on es va declarar que el demandant sofria ansietat causada per la falta de document d'identitat i la consegüent impossibilitat de rebre formació o de treballar, la qual cosa va agreujar el seu estat mental. Així doncs, el demandant al·lega una vulneració del seu dret referent a la vida privada (art. 8).

Condenatòria
El Tribunal considera que les autoritats van incomplir la seva obligació positiva d'actuar amb la diligència deguda per a ajudar el demandant a inscriure el seu naixement i, en conseqüència, a obtenir els seus documents d'identitat. Per tant, s'ha produït una violació de les obligacions positives de les autoritats per a garantir el gaudi del dret del demandant al respecte de la seva vida privada en virtut de l'article 8 del Conveni.
 

Dret al respecte de la vida privada i familiar (art. 8)

Lorenzo Bragado y Otros c. Espanya

22/06/2023

El cas fa referència al procés de designació de membres del Consell General del Poder Judicial (CGJ) d'Espanya. Els demandants (jutges espanyols que es presenten com a candidats) interposen un recurs d'empara davant de la Cort Constitucional al·legant l'incompliment del Parlament de renovar la composició del CGJ mitjançant el nomenament dels nous membres. El Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs per considerar-lo extemporani (presentat fora de termini), per la qual cosa els demandants es dirigeixen al TEDH emparant-se al dret a un judici just/accés als tribunals (art. 6.1) i al·legant que el procés de nomenament ha estat arbitrari i manca de motivació.

Condenatòria
El Tribunal considera que, efectivament, s'ha produït una violació de l'article 6.1, ja que s'ha vulnerat el dret civil de participar en el procediment relatiu al CGJ, així com que el Parlament no va dur a terme l'examen de les candidatures en el termini de temps oportú. D'altra banda, pel que fa a la inadmissibilitat del recurs d'empara, el TEDH declara que la Cort Constitucional no va explicar la raó per la qual el termini es limitava a tres mesos, de manera que els demandants no podien haver previst la manera com s'havia interpretat i aplicat la llei pertinent sobre terminis en el seu cas concret. Això vulnera el seu dret d'accés a un tribunal.

Dret a un judici just (art. 6.1)

Alonso Saura c. Espanya

08/06/2023

El cas fa referència a un concurs públic convocat pel Consell General del Poder Judicial l'octubre del 2014 per al nomenament del President del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia. La demandant, que va ser una de les tres persones sol·licitants, sosté que les autoritats no van presentar motius de pes per elegir un altre candidat i que les seves decisions van ser arbitràries i discriminatòries envers la seva persona per raó de gènere. La demandant al·lega violació del dret a un judici just (art. 6.1) i discriminació (art. 14)

Absolutòria
El Tribunal apunta que la demandant va poder accedir i presentar de manera efectiva el seu recurs davant les instàncies judicials internes. Així mateix, observa que les decisions de les institucions judicials en cap cas van ser arbitràries o irraonables, ja que es va fer una valoració per igual dels mèrits dels dos candidats. Per tant, segons el TEDH la decisió judicial no va perjudicar l'equitat del procés i, per tant, declara que no s'ha produït cap violació dels articles 6.1 ni 14.

-

Fragoso Dacosta c. Espanya

08/06/2023

El demandant va ser condemnat penalment amb una multa de 1.260 euros per haver insultat la bandera espanyola mentre protestava com a representant sindical a favor dels drets dels netejadors de l'edifici de l'Arsenal Militar de Ferrol a causa de l'impagament dels seus salaris. El cas fa referència a les protestes entre l'octubre del 2014 i el 2015. El demandant acudeix al TEDH al·legant una violació del seu dret a la llibertat d'expressió (art. 10)

Condenatòria
El Tribunal afirma que el lliure exercici de la llibertat d'expressió també recull aquelles opinions i idees que puguin pertorbar l'Estat i el llenguatge de les quals sigui ofensiu, com en aquest cas. A més, sosté que les declaracions esmentades en cap cas no van incitar a la violència o a l'odi, no anaven dirigides a una persona determinada (no violen el dret al respecte de la vida privada) sinó a un símbol nacional i, a més, eren resultat d'una crítica i expressió de protesta contra un tema d'interès general (impagament de salaris). Per tot això, el TEDH declara admissible la demanda del sol·licitant.

Dret a la llibertat d'expressió (art. 10)

Dahman Bendhiman c. Espanya

03/04/2023

El demandant, de nacionalitat marroquina, resideix a Espanya (Madrid) juntament amb la seva família, en una situació de precarietat econòmica. L'any 2011 va resultar adjudicatari d'un habitatge de protecció pública en règim d'arrendament amb opció de compra, signant el contracte d'arrendament amb l'Institut de l'Habitatge de Madrid (IVIMA). La renda inicial va patir múltiples reduccions, aconseguint la reducció d'un 90% del preu inicial. Al 2013, l'IVIMA va atorgar 32 propietats a l'empresa ENCASA CIBELES, incloent-hi l'arrendada al demandant. Aquesta entitat va assumir el paper d'arrendadora i el demandant va passar a pagar la renda a ENCASA CIBELES (on no es van aplicar les reduccions prèvies concedides). L'any 2017, l'empresa va iniciar un procés de desnonament contra el demandant després de diversos anys d'impagament on va presentar una demanda de judici verbal de desnonament per falta de pagament i reclamació de rendes. ENCASA CIBELES va guanyar la demanda de desnonament i es va resoldre el contracte d'arrendament. Es va determinar que el demandant havia de desallotjar la residència immediatament i pagar a la demandant 14.420,7 euros en concepte de rendes vençudes i no pagades, a més dels interessos legals corresponents. Finalment, els recursos del demandant, inclòs l'empara davant el Tribunal Constitucional, van ser rebutjats per falta de rellevància constitucional.

Absolutoria
El demandat va al·legar la violació de l'article 6.1 i de l'article 14 del Conveni al Tribunal. A més, va al·legar la incongruència infra petita de la sentència al no haver-se pronunciat sobre unes certes qüestions que havia plantejat en el procés de desnonament.
El Tribunal declara que no s'ha produït una violació de l'article 6.1. Malgrat la sentència de desnonament emesa al juliol de 2019 i per consultes posteriors als serveis socials, el desnonament no s'ha dut a terme, ja que es va suspendre el llançament sine die.

Valverde Digon c. Espanya

26/01/2023

La parella de la demandant va morir tres dies després que es registrés la seva unió civil. El requisit de registrar les unions civils com a mínim dos anys abans de la mort d'una de les parts per tenir dret a una pensió de supervivent havia entrat en vigor només tres mesos abans de la mort de la parella. El cas fa referència a la negativa de l'Institut Nacional de Seguretat Social d'atorgar-li una pensió de supervivència. Els tribunals nacionals estableixen que la societat s'havia de registrar dos anys abans de la mort del difunt. Basant-se en l'article 14 (prohibició de la discriminació), llegit en conjunció amb l'article 1 del Protocol núm. 1 (protecció de la propietat), la demandant acudeix al TEDH davant la negativa de les autoritats a concedir-li una pensió de supervivència.

Condenatòria
El Tribunal declara que s'ha produït una vulneració de l'article 1 del Protocol núm. 1 del Conveni, ja que encara que la denegació de la sol·licitud de pensió de supervivència és una ingerència que compleix els principis de "legalitat" i "interès general", no compleix amb el de "proporcionalitat". A més, el canvi de règim jurídic de la legislació que regula el dret a pensió de supervivència de les parelles no establia un període transitori i tampoc podia ser previst per la demandant (ni cap persona en la mateixa situació). Les autoritats nacionals tampoc no van establir mesures per garantir que les persones que complien el requisit fins al canvi d'ordenament es poguessin beneficiar del dret de pensió.

Protecció de la propietat (art. 1 del Protocol nº1)

Domenech Aradilla and Rodríguez González c. Espanya

19/01/2023

A les demandants se'ls nega la pensió de supervivència després de la mort dels seus respectius esposos. En el moment de la mort, no hi havia cap requisit legal per registrar les societats dos anys abans de la mort d'un dels cònjuges. Tot i això, aquest requisit va entrar en vigor poc temps després, quan encara estaven pendents les sol·licituds de pensió de supervivència dels sol·licitants. Les autoritats internes van considerar que el nou requisit era aplicable si escau, i la pensió de supervivència els va negar l'Institut Nacional de Seguretat Social. Les demandants es queixen de la negativa de concedir-les les pensions de supervivència i de la manca de seguretat jurídica en la manera com es van implementar els reglaments.

Condenatòria
El Tribunal declara que s'ha produït una vulneració de l'article 1 del Protocol núm. 1 del Conveni, entenent que cal tenir en compte la legislació vigent en el moment específic en què es van produir les morts i les demandants van fer la petició de la pensió de supervivència. En aquest moment no calia estar inscrit formalment en un registre específic com a part d'una unió civil per poder beneficiar-se de tal pensió. A més, totes dues complien amb la resta de requisits. Per tant, la denegació de la sol·licitud de les demandants es pot considerar una ingerència en el seu dret al gaudi pacífic dels seus béns. A més, concedeix a cada demandant una compensació de 8.000€ en concepte de dany moral, ia la segona demandant una compensació de 335,90€ en despeses.

Protecció de la propietat (art. 1 del Protocol nº1)

Olivares Zúñiga c. Espanya

15/12/2022

La demandant va ser acomiadada del seu lloc d'advocada en una empresa per motius disciplinaris el 2013. Va impugnar l'acomiadament davant el Jutjat Social sol·licitant que sigui declarat nul o, si bé no, abusiu (improcedent). Després d'una audiència de conciliació, l'empresa va reconèixer que l'acomiadament va ser improcedent, però la demandant va sol·licitar-ne la nul·litat. El Jutjat Social va declarar improcedent l'acomiadament, però va desestimar la sol·licitud de nul·litat i va ordenar a l'empresa pagar una indemnització a la demandant. La demandant va apel·lar davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, però el recurs va ser desestimat. Tot seguit, va interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, el qual va ser declarat inadmissible l'octubre del 2016. La demandant va presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, el qual va ser desestimat per no haver esgotat adequadament els recursos anteriors. Davant del TEDH al·lega que s'ha produït una violació al dret a un judici just (art. 6.1).

Condenatòria
El Tribunal sosté que hi ha hagut violació del dret a un judici just de la demandant (art. 6.1). En primer lloc, considera que, en les circumstàncies particulars d'aquest cas, no era previsible i es desconeixien els criteris/requisits per determinar quan cal interposar una acció de nul·litat abans d'interposar un recurs d'empara. A més, la mateixa Cort Constitucional, en una sentència del 2019, estableix que el requisit d'esgotament de tots els recursos judicials abans d'interposar el recurs d'empara no exigeix l'ús de tots els recursos, sinó només dels normals, clarament disponibles. Per tant, el TEDH considera que es va restringir indegudament el dret d'accés a un tribunal de la demandant.

Dret a un judici just (art. 6.1)

Dahman Bendhiman c. Espanya

15/11/2022

S'emet una sentència judicial contra el demandant ordenant el seu desallotjament d'un habitatge de protecció oficial per impagament de rendes, i s'ho impedeix. De manera que al·lega que s'ha violat el seu dret d'accés als tribunals. També denuncia discriminació pel seu origen econòmic i ètnic, ja que a altres propietaris la llei no exigeix dipòsit per interposar recursos a judici verbal.

Condenatòria
El Tribunal observa que per presentar un recurs d'apel·lació en un procés civil, cal abonar un dipòsit de 50€, a més, en alguns casos, com és el present, s'obliga al demandant pagar el deute que ha contret (en aquest cas amb l'arrendatari). Aquests són requisits de compliment obligat perquè el recurs sigui admès a tràmit. Per tant, el TEDH considera que aquest requisit és clarament una restricció al dret d'accés del sol·licitant a un tribunal (art. 6.1)

Dret a un judici just (art. 6.1)

Ayuso Torres c. Espanya

08/11/2022

El cas fa referència a un procés disciplinari en contra del demandant (membre del Cos Jurídic Militar) per comentaris realitzats en un discurs sobre el procés de transició de la dictadura militar a la democràcia a Espanya. Segons la decisió disciplinària, el demandant va excedir la llibertat d'expressió i se li avisava que seria sancionat en cas de tornar a fer una declaració similar. El demandant es queixa que s'ha vulnerat la seva llibertat d'expressió.

Condenatòria
El Tribunal declara que hi ha hagut violació de l'art. 10 (llibertat dexpressió), ja que les declaracions del demandant es van fer en el context d'un discurs/debat polític sobre assumptes d'interès públic. A més, aquestes declaracions responen a opinions personals, per la qual cosa no cal confirmar-ne la veracitat. D'altra banda, encara que el demandant hagi estat membre d'un cos militar, cosa que podria suposar que el seu dret a la llibertat d'expressió podria estar subjecte a certes limitacions, també cal tenir en compte que el sol·licitant és professor universitari, circumstància que podria deixar sense efecte algunes d'aquestes restriccions (no hi ha incompatibilitat entre les dues professions).

Llibertat d'expressió (art. 10)

Veres c. Espanya

08/11/2022

El cas es refereix a una disputa legal entre el sol·licitant i la seva exdona per la custòdia de la seva filla. L'exdona del demandant es va mudar a Espanya amb la seva filla sense informar el sol·licitant. El demandant interposa una ordre davant del tribunal hongarès per a la devolució de la seva filla fins a la resolució del procediment de custòdia, que se li concedeix i, a més, presenta ordres de reconeixement i execució davant de l'estat espanyol (també se'l concedeixen). Tot i això, el demandant es queixa que els procediments a Espanya van ser injustificadament llargs, cosa que li va impedir veure la seva filla i va afectar la seva relació al·legant així vulneració a l'article 8 (dret sobre la vida privada i familiar). El sol·licitant també al·lega a una vulneració del dret a un recurs efectiu (art.13), que li va impedir accelerar el procés i reparar la suposada violació dels drets.

Condenatòria
El Tribunal declara admissible la reclamació del demandant per violació de l'article 8, ja que efectivament hi va haver un retard excessiu (dos anys) en l'adopció de la decisió final per part dels tribunals espanyols. Per tant, el Tribunal confirma que les autoritats nacionals no van prendre mesures ràpides ni adequades, cosa que va tenir un impacte negatiu en els llaços familiars i el contacte entre el demandant i la seva filla. Tenint en compte la conclusió a què arriba en el marc de l'article 8 del Conveni, considera innecessari examinar per separat la vulneració de l'article 13 (dret a un recurs efectiu)

Dret al respecte de la vida privada i familiar (art. 8)

Marina Aucanada Group S.L. c. Espanya

08/11/2022

El demandant, que es tracta d'una societat de responsabilitat limitada amb domicili social a Madrid, es va presentar a una convocatòria de licitació convocada per l'Autoritat Portuària de Balears el 2015 per a la gestió d'amarradors (incloses les concessions) a la dàrsena del Port Vell d'Alcúdia (Mallorca). Estant oberta la convocatòria, l'Ajuntament d'Alcúdia va iniciar una acció judicial contra l'Autoritat Portuària al·legant que la convocatòria infringia un acord entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària. Per a aquest procés judicial, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va informar que qualsevol part interessada podria comparèixer en aquest procediment, tot i això, no es va comunicar directament als licitadors. La decisió del Tribunal va ser a favor de l'Ajuntament, per la qual cosa la convocatòria de licitació va deixar de tenir efecte. L'empresa demandant al·lega que s'ha violat l'art. 6.1, ja que no se li va notificar directament el procediment i, per tant, no va poder accedir a un tribunal.

Absolutòria
El Tribunal confirma que l'empresa demandant constitueix una "part interessada" en el procediment públic en qüestió, així mateix constata que, malgrat que la demandant en cap moment va ser notificada directament dels procediments administratius esmentats, la publicació de l'avís públic al Butlletí Oficial de les Illes Balears (i la seva difusió mitjançant els mmcc) és un mitjà efectiu per donar a conèixer aquesta informació. Per tant, considera que l'empresa demandant va tenir oportunitat raonable de tenir coneixement dels procediments i poder-hi participar. Per tant, atribueix el desconeixement del procés a la manca de diligència per part de l'empresa demandant, declarant així que no s'ha produït una violació de l'article 6.1.

-

Muhammad c. Espanya

18/10/2022

El demandant és detingut en una zona concorreguda de Barcelona el 2013 per comprovar-ne els documents d'identitat. Segons la versió dels policies, li van sol·licitar els papers perquè el demandant se'n va riure en passar al costat i va fer servir un llenguatge irrespectuós en dirigir-se a ells. Contràriament, el sol·licitant nega aquesta versió i afirma que va ser detingut pel seu color de pell. Davant del Tribunal, el demandant al·lega la violació dels articles 14 (prohibició de la discriminació) i 8 (dret sobre la vida privada i familiar) a causa de motivacions discriminatòries que van impulsar els agents a fer-li el control d'identitat. També argumenta que no hi ha hagut investigació suficient i efectiva per part dels tribunals nacionals per demostrar la reclamació per discriminació racial.

Absolutòria
El Tribunal fa constatar per unanimitat que no s'ha produït una vulneració de l'article 14 en conjunció amb l'article 8 del Conveni respecte a la denúncia presentada pel sol·licitant al·legant motius discriminatoris del control policial i la detenció posterior. A més, també es declara inadmissible la violació dels dos articles en relació amb la manca d'investigació efectiva per part de les autoritats estatals espanyoles.

-

Garrido Herrero c. Espanya

11/10/2022

El cas es refereix a la investigació de les autoritats sobre la mort de la filla de sis anys de la demandant el 2013 a causa d'un ventilador mèdic defectuós. La víctima (filla) necessitava ventilació assistida després d'un accident automobilístic el 2010. La investigació va durar cinc anys i finalment es va interrompre el 2019 a causa del límit de temps per determinar la causa de la mort (i, com a resultat, si algú podria ser detingut com a penalment responsable d'aquesta mort). Al·legant l'article 2 (dret a la vida), la demandant es queixa que els tribunals nacionals no van investigar prou les causes de la mort de la seva filla després de les lesions causades pel ventilador suposadament defectuós.

Condenatòria
El Tribunal declara per unanimitat admissible la reclamació de la demandant, tenint en compte que sí que s'ha produït una violació de l'article 2 del Conveni quant a la investigació duta a terme pels tribunals nacionals. A més, considera inadmissible la demanda efectuada sota l'article 6.1. Així mateix, el Tribunal atorga 32.000€ a la demandant en concepte de danys morals. Es desestima la demanda en concepte de despeses i costos.

Dret a la vida (art.2)

M.D. y otros c. Espanya

28/06/2022

Els demandants, 20 magistrats catalans, confeccionen un manifest en què plasmen la seva opinió respecte del reclam d'independència de Catalunya. Arran d'això, el diari La Razón publica un article que narra una suposada conspiració per part dels magistrats i inclou detalls personals i fotografies extretes d'una base de dades policial. Rebutjades les accions penals iniciades pels demandants, acudeixen al TEDH al·legant vulneració al seu dret a la vida privada i familiar (article 8 del Conveni Europeu) per considerar que la policia havia demanat dades dels magistrats sense una raó fundada, utilitzant fotografies de bases dades policials, que després es van filtrar a la premsa. A més, invoquen la vulneració al seu dret a la llibertat d'expressió (article 10) per l'inici d'accions en contra, i al dret a un judici just (article 6.1), per considerar inadequades les investigacions penals.

Condenatòria
El Tribunal confirma la violació a l'article 8, entenent que la mera existència dels informes policials va contravenir el Conveni Europeu. Pel que fa a l'article 10, el TEDH entén que la llibertat d'expressió dels magistrats no va ser vulnerada. Considera innecessària l'anàlisi de la qüestió sota la llum de l'article 6.1 del Conveni.

Dret al respecte de la vida privada i familiar (article 8)

Cruz García c. Espanya

14/06/2022

La demandant adquireix un terreny de l'empresa V.S.L., desconeixent que es trobava pendent un reclam sobre aquestes terres iniciat per l'administració pública de Galícia, per considerar-les de domini públic. El procés administratiu continua sense la intervenció de la demandant, fins que finalment s'ordena la demolició de casa seva. Anoticiada de la qüestió, la demandant planteja la nul·litat del procediment davant del Tribunal Suprem de Justícia de Galícia, recurs que és rebutjat. Acudeix al TEDH al·legant vulneració al seu dret a un judici just, ja que va ser privada de l'accés efectiu a un tribunal per impugnar els procediments que tenien un impacte directe sobre la propietat.

Condenatòria
El Tribunal comprova que no hi ha cap evidència de notificació a la demandant sobre el procediment administratiu en tràmit, sinó fins després de sol·licitar expressament en el marc de la causa que se la notifiqués del que s'ha resolt. Conclou, doncs, que la resolució del Tribunal Suprem de Justícia de Galícia va tenir impacte directe en el dret de la demandant al gaudi de la seva propietat, i va trobar violació a l'article 6.1 sobre el dret a un judici just.

Dret a un judici just (article 6.1)

Centelles Mas y otros c. Espanya

07/06/2022

L'empleat d'una empresa mor arran d'un accident laboral i els familiars inicien accions contra els encarregats de prevenció de riscos laborals d'aquesta empresa. La primera instància absol els demandants, assegurant que havien complert els deures propis del seu rol. L'Audiència Provincial de Tarragona, no obstant, els condemna a pena de presó per considerar que els demandants havien actuat amb negligència a la seva obligació de supervisar. Els demandants acudeixen al TEDH per considerar vulnerat el seu dret a un judici just, en haver estat condemnats per l'Audiència Provincial sobre la base de la mateixa prova produïda en primera instància.

Condenatòria
El Tribunal descobreix que la sentència de primera instància estava fundada principalment en la contraposició de dues declaracions d'experts, les mateixes declaracions que van ser interpretades de manera contrària per la segona instància. El TEDH conclou que es configura un clar problema immediatament en el moment en què els magistrats de l'Audiència Provincial decideixen anul·lar la sentència de primera instància sobre la base de declaracions que no van ser produïdes davant de la seva presència i que ja van ser interpretades per la instància anterior de manera contrària. Per tant, troba violació al dret a un judici just dels demandants.

Dret a un judici just (article 6.1)

Galeano Peñas c. Espanya

31/05/2022

El demandant, oficial de la guàrdia civil, és condemnat el 2013 a pena de presó per un delicte de falsificació de fets en un registre públic. Sol·licita l'indult i se suspèn l'execució de la sentència de presó mentre es trobe en tràmit aquesta sol·licitud. Transcorreguts cinc anys des de la sentència ferma, i encara suspesa la seva execució, el demandant sol·licita que es declari la prescripció del termini d'execució de la pena. Aquesta comanda és rebutjada en aplicació d'una llei modificada el 2015, posteriorment al dictat de la sentència penal original. El demandant comença a complir la pena de presó i, un cop esgotades les vies internes, acudeix al TEDH. Al·lega vulneració a l'article 7 del Conveni per entendre que es trobava complint una sentència, la pena de la qual estava prescripta, en aplicació retroactiva d'una llei penal més costosa. Així mateix, al·lega violació a l'article 5.1. del Conveni, entenent que havia estat vulnerat el seu dret a la llibertat i a la seguretat en ser posat a la presó encara que la pena es trobés prescripta.

Absolutòria
El Tribunal considera inadmissible el plantejament fundat a l'article 7.1 del Conveni perquè considera que, malgrat haver-se executat la sentència cinc anys més tard, la pena de presó aplicada no va resultar més costosa que la pena imposada en la sentència original. Pel que fa al plantejament al voltant de la vulneració al seu dret a la llibertat, el Tribunal rebutja el plantejament del demandant, afirmant que existia un nexe causal entre la sentència imposada i la detenció del demandant.

Reyes Jimenez c. Espanya

Condenatòria
El Tribunal descarta la mala praxi però reconeix que la família no va ser degudament informada ni hi ha constància expressa que donés el seu consentiment a la segona intervenció. Destaca que la legislació espanyola requereix el consentiment per escrit i en forma prèvia a cadascuna de les intervencions mèdiques, i indica que si bé el mateix Conveni no estableix cap forma particular del consentiment esmentat, quan el dret intern estableix certs requisits expressos aquests s'han de complir perquè la ingerència es consideri prescrita per la llei. Per tant, confirma la violació al dret al respecte a la vida privada i familiar del demandant.

Atristain Gorosabel c. Espanya

18/01/2022

El demandant és detingut per sospita de pertànyer a ETA i de posseir explosius i armes de foc. Durant la seva detenció se'l manté incomunicat, amb la impossibilitat de nomenar un advocat o mantenir trobades amb el defensor oficial designat. Després de ser condemnat, el demandant denuncia que, arran d'haver estat incomunicat i impedit de nomenar un advocat propi, és que va fer declaracions autoincriminatòries. El seu plantejament és rebutjat pel Tribunal Suprem i pel Tribunal Constitucional, per la qual cosa acudeix al TEDH al·legant violació a l'article 6 (dret a un judici just i a triar la representació legal).

Condenatòria
El Tribunal conclou que va existir violació a l'article 6.3, ja que no es va acreditar motiu rellevant o suficient per privar el demandant de la designació d'un advocat propi durant el període en què se'l va mantenir incomunicat. Així mateix, confirma la violació a l'article 6.1, considerant que la privació de designació d'advocat propi i la prohibició de comunicació amb el representant oficial designat sense raons individuals concretes, va soscavar l'equitat del procés penal.

Dret a un judici just (article 6.1 i 6.3)

Melgarejo Martinez de Abellanosa c. Espanya

14/12/2021

Arran d'un suposat deute impositiu que el demandant mantenia amb l'Agència Tributària Espanyola, se li embarguen els seus actius en concepte de deute principal i interessos pel pagament endarrerit. El demandant inicia dos procediments per pagament indegut: un en virtut del deute principal i l'altre en reclam dels interessos cobrats. El primer és admès i el deute declarat nul, mentre que el segon és rebutjat. El demandant apel·la davant l'Audiència Nacional, però el seu recurs és inadmès. En virtut d'això, acudeix al TEDH al·legant violació a l'article 6.1 (dret a un judici just) perquè considera que la sentència de l'Audiència Nacional havia estat infundada, a més que havia incomplert amb el principi de seguretat jurídica (ja que, en situació similar, havia resolt de manera diferent).

Condenatòria
El Tribunal conclou que va existir violació a l'article 6.1 del Conveni, no només perquè corresponia donar el mateix tractament als interessos per ser accessoris al deute principal, sinó també perquè l'Audiència Nacional havia rebutjat la comanda mitjançant una sentència manifestament infundada. Tot i això, rebutja el plantejament del demandant en relació amb la suposada afectació al principi de seguretat jurídica, concloent que no és tasca del Tribunal comparar diferents pronunciaments interns, sempre que no es tracti de jurisprudència reiterada i rellevant.

Dret a un judici just (article 6.1)

Serrano Contreras c. Espanya

26/10/2021

El demandant sol·licita la revisió d'una sentència que el condemnava com a autor de certs delictes, després que el TEDH confirmés el 2012 que aquest procediment havia vulnerat el dret a un judici just (article 6.1 del Conveni). El Tribunal Suprem anul·la la condemna respecte a un dels delictes, però rebutja la revisió dels altres dos. El demandant acudeix al TEDH al·legant novament vulneració a l'article 6.1 perquè considera que el Tribunal Suprem havia ratificat sense nova audiència o degut procés les seves condemnes per frau i falsificació de documents comercials.

Condenatòria
El TEDH conclou que el Tribunal Suprem no adequa el seu pronunciament a la sentència que el Tribunal havia dictat el 2012, confirmant la violació al Conveni. Es basa en el fet que el Tribunal Suprem interpreta que la sentència dictada pel TEDH el 2012 no arribava a les condemnes per frau i falsificació de documents comercials. El Tribunal considera que aquest tribunal excedeix el marge d'apreciació amb què compten les autoritats estatals, i desvirtua les conclusions a què el mateix TEDH havia arribat el 2012.

Dret a un judici just (article 6.1)

León Madrid c. Espanya

26/10/2021

La demandant planteja el caràcter discriminatori de la legislació que establia que, en cas de desacord entre els pares, el fill portaria el cognom patern i, tot seguit, el matern. Aquesta reglamentació havia resultat en un perjudici per a ella, que havia sol·licitat a tribunals nacionals la inversió dels cognoms de la seva filla, posicionant primer el cognom matern.

Condenatòria
Sense perjudici de que en el moment de resoldre la qüestió, la norma ja havia estat derogada, el TEDH confirma la violació als articles 14 (prohibició de discriminació) i 8 (respecte a vida privada i familiar) del Conveni, ja que considera que la legislació era discriminatòria contra la dona en imposar una regla que no tenia cap base jurídica. Tenint en compte la conclusió a què arriba en el marc dels articles 14 i 8 del Conveni, considera innecessari examinar per separat la vulneració de l'article 1 del Protocol Núm. 12 al Conveni (prohibició general de discriminació).

Domenech Figeroa c. Espanya

28/09/2021

El demandant s'acull a l'acomiadament col·lectiu acordat amb el banc on treballava, després d'anunciar-se el tancament de l'entitat. Més tard, en comprovar que cap agència no havia estat clausurada, sol·licita judicialment l'anul·lació a la seva adhesió al pla d'acomiadament col·lectiu. La seva sol·licitud és desestimada per totes les instàncies, raó per la qual recorre davant del TEDH al·legant vulneració de l'article 6.1 (dret a un judici just).

Condenatòria
El TEDH conclou que el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va cometre un error en el seu pronunciament que va tenir com a efecte privar el sol·licitant de l'accés al Tribunal Suprem, havent de suportar una càrrega excessiva per aquest error, que era exclusivament imputable a la Justícia. En virtut d'això, declara responsable l'Estat per violació al dret a un judici just (article 6.1 del Conveni).

Dret a un judici just (article 6.1)

Inmobilizados y Gestiones S.L. c. Espanya

14/09/2021

Expropien un immoble propietat d'Inmobilizados y Gestiones S.L. i això dóna lloc a cinc processos administratius judicials. La companyia presenta cinc recursos de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, dos dels quals són admesos i tres rebutjats. L'empresa va al TEDH al·legant la vulneració a l'article 6.1 del Conveni (dret a un judici just).

Condenatòria
El Tribunal condemna Espanya en considerar que els cinc processos interposats afectaven les mateixes parts processals i es basaven en idèntics motius legals, concloent que decisions contradictòries en casos similars derivats del mateix tribunal poden violar el principi de seguretat jurídica.

Dret a un judici just (article 6.1)

Erkizia Almandoz c. Espanya

22/06/2021

El demandant és condemnat per un delicte d'enaltiment del terrorisme per participar en un acte d¡homenatge a un antic dirigent d'ETA. Recorre al Tribunal Suprem i després, en protecció, al Tribunal Constitucional, però els dos recursos són rebutjats. Acudeix al TEDH al·legant la vulneració del dret de llibertat d'expressió consagrat a l'article 10 del Conveni.

CondenatòriaEl Tribunal condemna Espanya per considerar que no s'ha provat l'existència d'una incitació directa o indirecta a la violència terrorista, concloent que la ingerència de les autoritats públiques en el dret a la llibertat d'expressió del demandant no es pot qualificar de "necessària en una societat democràtica”.

Dret a la llibertat d'expressió (article 10)

Caamaño Valle c. Espanya

11/05/2021

La demandant presenta una sol·licitud d'extensió de tutela legal sobre la filla, que pateix una discapacitat intel·lectual. El jutge de primera instància li atorga a la demandant la guarda legal de la seva filla i li reboca a la jove el dret de vot. La demandant apel·la aquesta resolució perquè considera que el dret a vot de les persones amb discapacitat havia de ser garantit, però l'Audiència Provincial d'A. Coruña rebutja el recurs. La demandant acudeix al Tribunal Suprem i més tard en empara al Tribunal Constitucional, però tots dos recursos són rebutjats. Finalment, presenta una queixa davant del TEDH al·legant vulneració a l'article 3 del Protocol Nº1 (dret a eleccions lliures) i als articles 14 del Conveni i 1 del Protocol Nº12 (sobre principi de no discriminació).

Absolutòria
El Tribunal rebutja la demanda i conclou que la mesura va ser proporcional i legítima per tal de garantir que només ciutadans capaços d'avaluar les conseqüències de les seves decisions participin en els assumptes públics. Assegura que les autoritats nacionals havien tingut en compte la condició especial de la filla de la demandant i que aquesta resolució no frustra la lliure expressió política.

Ghailan y otros c. Espanya

23/03/2021

Els demandants construeixen els seus habitatges sobre un terreny de domini públic situat a Cañada Real Galiana, Madrid. Amb un tràmit judicial de desallotjament previ, l'Ajuntament de Madrid demoleix els seus habitatges. Els demandants acudeixen al TEDH per considerar que el seu desallotjament i demolició de casa després de dècades de tolerància de les autoritats davant la construcció d'habitatges a la zona de Cañada Real, constitueix vulneració del dret a la seva vida privada i familiar (article 8 del Conveni), 

Absolutòria
El Tribunal posa èmfasi especial en el fet que els demandants no van esgotar tots els mitjans legals a la seva disposició, en no haver qüestionat la proporcionalitat de la decisió de demolir. Per tant, troba proporcional la mesura presa per l'Estat i conclou que no hi va haver violació al Conveni.

Benitez Moriana e Iñigo Fernández c. Espanya

09/03/2021

Els demandants són condemnats penalment per publicar en un diari local una carta oberta que conté crítiques cap a l'exercici d'un jutge en una causa que els involucra. Acudeixen al TEDH perquè considera que les sentències dels tribunals nacionals havien restringit indegudament el seu dret a la llibertat d'expressió (article 10 del Conveni).

Condenatòria
El Tribunal conclou que la condemna penal dels sol·licitants va ser una ingerència desproporcionada en el dret a la llibertat d'expressió, que considera innecessària en una societat democràtica, decretant la violació al Conveni.

Dret a la llibertat d'expressió (article 10)

Lopez Martínez c. Espanya

09/03/2021

La demandant participa en una manifestació massiva al centre de Madrid, en què és víctima de maltractament policial. Arran dels fets esmentats, inicia un procés administratiu mitjançant el qual obté una indemnització pels danys soferts. Paral·lelament presenta una denúncia policial que no prospera, per la qual cosa va al TEDH al·legant la vulneració a l'article 3 del Conveni (prohibició de tractes inhumans).

Condenatòria
El Tribunal confirma la violació al Conveni en comprovar l'absència d'una investigació efectiva davant de les al·legacions d'abusos policials de la demandant.

Prohibició de tracte inhumà (article 3)

Klopstra c. Espanya

19/01/2021

El demandant incompleix l'obligació de pagament de les quotes d'un crèdit hipotecari i el banc respectiu inicia l'execució hipotecària. Se li notifica la demanda mitjançant edictes i té coneixement del procediment en curs quan l'immoble és adjudicat en subhasta a un tercer. El demandant sol·licita l'anul·lació de les actuacions judicials davant del jutge de primera instància de Dénia, al·legant que no havien estat degudament notificades, però el jutge rebutja la seva comanda. Després de recórrer en empara al Tribunal Constitucional, el demandant acudeix al TEDH per vulneració del dret a un judici just (article 6.1 del Conveni). A més, al·lega la vulneració al seu dret a la protecció de la propietat perquè els tribunals nacionals no es van assegurar que el demandant tenia coneixement de l'inici de causes en contra.

Condenatòria
El Tribunal conclou que el jutjat nacional no va actuar amb la diligència deguda en notificar la demanda d'execució hipotecària mitjançant edictes, privant el demandant de la possibilitat d'oposar-se i vulnerant així el dret de defensa (article 6.1). Declarada la violació al Conveni en relació amb l'article 6, considera innecessari analitzar la vulneració a l'article 1 del Protocol núm. 1.

Dret a un judici just (article 6.1)

Gonzalez Etayo c. Espanya

19/01/2021

El demandant és detingut per la Guàrdia Civil de Barañain, acusat de pertànyer a organitzacions que formen part d'ETA. Durant el tràmit de la causa penal, descriu davant els tribunals intervinents situacions de tortura ocorregudes al llarg de la seva detenció i custòdia policial incomunicada. Les seves denúncies són desoïdes per les autoritats, raó per la qual acudeix al TEDH al·legant vulneració a l'article 3 del Conveni (prohibició de tractes inhumans).

Condenatòria
El Tribunal constata que no hi ha hagut una investigació exhaustiva i eficaç sobre la denúncia de tortures del demandant mentre estava detingut, i confirma la violació a l'article 3 del Conveni en el seu aspecte processal.

Prohibició de tracte inhumà (article 3)

Karesvaara y Njie c. Espanya

15/12/2020

Els demandants signen un contracte d'arrendament d'un habitatge amb opció de compra i, després d'incomplir el pagament de les mensualitats, l'arrendador interposa demanda de desnonament. Aquesta demanda és notificada a un domicili que, sabent l'arrendador, ja no pertanyia als demandants. Un cop embargats els seus comptes, els demandants prenen coneixement del procés en tràmit, raó per la qual interposen recursos de nul·litat i una empara davant del Tribunal Constitucional, al·legant que no s'havien fet esforços suficients per notificar-los del procediment en curs. Davant el rebuig de les comandes, acudeixen al TEDH al·legant vulneració al seu dret a un judici just (article 6.1 del Conveni).

Condenatòria
El Tribunal conclou que les autoritats no van ser diligents en informar els demandants del procediment de desnonament, en no donar-los l'oportunitat de participar en els procediments en contra, confirmant la violació al Conveni.

Dret a un judici just (article 6.1)

Martinez Ahedo y otros c. Espanya

20/10/2020

Els demandants són condemnats a França per delictes vinculats a la seva pertinença a ETA. Complides les condemnes, són extradits a Espanya, on sol·liciten que el període de presó a França sigui acumulat al temps màxim de presó que havien de complir a Espanya. La sol·licitud no és atesa i recorren al Tribunal Constitucional, que rebutja les emparas per defectes de forma. Acudeixen al TEDH al·legant la vulneració al dret a un judici just (article 6.1 del Conveni), considerant que les sentències del Tribunal Constitucional que van declarar inadmissibles els recursos d'empara els van privar del dret d'accés a un tribunal, per excessiu formalisme. A més, es queixen de l'aplicació retroactiva d'una nova interpretació per part del Tribunal Suprem de la llei vigent (irretroactivitat de la llei penal de l'article 7 del Conveni) i que la seva detenció es va prolongar indegudament arran de l'aplicació retroactiva d'una llei (article 5.1).

Condenatòria
El Tribunal conclou que la inadmissió dels recursos d'empara van privar els demandants del seu dret d'accés a un tribunal i van trobar violació a l'article 6.1 del Conveni. Respecte a la resta de les queixes, el Tribunal les assimila al seu precedent Arrozpide Sarasola i altres c. Espanya, declarant-les manifestament infundades.

Dret a un judici just (article 6.1)

Gracia Gonzalez c. Espanya

06/10/2020

Després d'una sèrie de recursos infrustuosos, la demandant presenta una empara davant el Tribunal Constitucional en no permetre-li contestar oportunament a les al·legacions de la Fiscalia en el marc d'una sol·licitud de reobertura d'un procediment en què s'investigava la mort de sis brigadistes a l'exercici de les seves funcions. En declarar-se inadmissible aquest recurs, la demandant acudeix al TEDH denunciant una violació del seu dret a un judici just (article 6.1 del Conveni).

Condenatòria
El Tribunal conclou que el fet de no proporcionar a la demandant una oportunitat real per respondre a les al·legacions de la Fiscalia davant de l'Audiència Provincial de Terol suposa una vulneració de l'article 6.1 del Conveni.

Dret a un judici just (article 6.1)

Laguna Guzman c. Espanya

06/10/2020

La policia colpeja la demandant durant una manifestació contra les retallades pressupostàries i l'augment de l'atur en el context de la crisi econòmica del 2008. Esgotada la via interna, la demandant va davant del TEDH al·legant la violació de l'article 11 del Conveni (llibertat de reunió), en considerar que l'ús de la força emprat per la policia havia estat desproporcionat. 

Condenatòria
El Tribunal conclou que la dispersió de la protesta va interferir en el dret de reunió pacífica, ja que no es donaven les condicions que justifiquessin l'ús de la força, confirmant la violació al dret a reunió protegit pel Conveni.

Llibertat de reunió (article 11)

Romero García c. Espanya

08/09/2020

El demandant és condemnat per un delicte contra l'ordenació del territori arran de la construcció presumptament il·legal d'un cobert per a eines a una parcel·la agrícola. Resulta absolt en primera instància, però posteriorment és condemnat per l'Audiència Provincial de Granada, sense vista oral prèvia. Acudix al TEDH al·ludint vulneració de l'article 6.1 del Conveni (dret a un procés just) i de l'article 2 del Protocol Nº 7 (dret a un doble grau de jurisdicció en matèria penal).

Condenatòria
El TEDH confirma la vulneració de l'article 6 i observa que l'anàlisi efectuada per l'Audiència Provincial de Granada requeria l'audiència del demandant. En canvi, rebutja violació de l'article 2 del protocol núm. 7, ja que la qüestió havia estat revisada per dues instàncies.

Dret a un judici just (article 6.1)

Saquetti Iglesias c. Espanya

30/06/2020

Es condemna el demandant per infracció a la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid confirma la condemna, declarant que no cabia recurs de cassació, en virtut del que estableix la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El demandant, no tenint possibilitat de recórrer davant el Tribunal Suprem per no assolir la quantia de multa mínima per interposar un recurs, recorre davant el Tribunal Constitucional en empara, el qual rebutja la comanda per considerar que el cas no té prou rellevància constitucional. El demandant acudeix al TEDH, queixant-se que la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid no va ser revisada per una jurisdicció superior, invocant l'article 2 del Protocol núm. 7 del Conveni.

Condenatòria
El TEDH estableix que el dret a la doble instància judicial, garantit per l'article 2 del Protocol Nº 7 del Conveni, resulta de necessària aplicació a les sancions administratives, confirmant així la violació al Conveni.

Dret a doble instància en matèria penal (article 2 del Protocol Nº 7)

Omorefe c. Espanya

23/06/2020

A petició de la demandant, el govern de Navarra posa el fill sota tutela d'un centre d'acollida fins que la seva família biològica complís amb certs objectius, amb l'ajuda del servei social. No obstant, transcorreguts tres mesos el govern de Navarra lliura al nen a una família preadoptiva perquè considera que la família biològica no estava en condicions de cuidar-lo. La demandant s'oposa a l'adopció, però el procés d'adopció continua al·legant l'interès superior del menor.

Condenatòria
El TEDH considera vulnerat el dret a la vida privada i familiar de la demandant (article 8 del Conveni), entre altres motius perquè el Govern de Navarra va accelerar els tràmits d'adopció sense tenir en compte l'interès superior del nen, els procediments judicials i administratius sobre això, ni els esforços de la mare per recuperar el seu fill. El Tribunal insta les autoritats nacionals que examinin la situació i considerin qualsevol tipus de contacte entre mare i fill.

Dret al respecte a la vida privada i familiar (article 8)

Gil Sanjuan c. Espanya

26/05/2020

El Tribunal Suprem no admet un recurs de cassació interposat per la demandant, per contenir defectes formals. La demandant al·lega l‟aplicació retroactiva d‟una interpretació de la llei processal que el Tribunal Suprem havia elaborat amb posterioritat a la interposició del seu recurs, denunciant la vulneració al dret a la tutela judicial efectiva (article 6.1 del Conveni).

Condenatòria
El TEDH conclou que s'ha aplicat una nova interpretació dels requisits formals d'un escrit de preparació amb caràcter retroactiu i automàtic, sense oferir a la demandant la possibilitat d'esmenar el defecte, vulnerant així el seu dret a la tutela judicial efectiva.

Dret a un judici just (article 6.1)

N.D. y N.T. c. Espanya

13/02/2020

Els demandants ingressen a Espanya creuant la tanca de Melilla. La Guàrdia Civil els atura i expulsa immediatament a territori marroquí. Acudeixen al TEDH al·legant la vulneració de l'article 4 del Protocol Núm. 4 (prohibició d'expulsions col·lectives), considerant haver estat objecte d'una expulsió col·lectiva i sense examen individualitzat de les circumstàncies. A més, al·leguen absència de recurs efectiu que els permetés impugnar la seva expulsió des de la perspectiva del caràcter col·lectiu, en vulneració de l'article 13 del Conveni (dret a un recurs efectiu).

Absolutòria
Pel que fa a la suposada vulneració a l'article 4 del Protocol Núm. 4, la Gran Sala declara que no s'ha produït tal violació ja que els demandants, tenint vies legals a la seva disposició, van optar per ingressar il·legalment a Espanya, fent ús de la força i aprofitant-se del seu gran nombre. Pel que fa a la presumpta vulneració a l'article 13 del Conveni, la Gran Sala afirma que Espanya sí que oferia mesures per a la identificació i anàlisi de la situació de cadascun dels estrangers del grup, a través de procediments dels quals els demandants no van fer ús, de manera que conclou que no va existir violació al seu dret a un recurs efectiu.

Pardo Campoy y Lozano Rodríguez c. Espanya

14/01/2020

Els demandants són imputats per un delicte contra l'ordenació del territori arran de la suposada construcció il·legal de casa seva en un paratge natural. Després de ser absolts en primera instància, l'Audiència Provincial d'Almeria els condemna sense vista oral prèvia. Acudeixen al TEDH al·ludint la vulneració a l'article 6 del Conveni (dret a un procés just), i el tribunal confirma la violació perquè considera que els afectats han d'haver estat escoltats i haver tingut l'oportunitat d'impugnar l'avaluació.

CondenatòriaEl Tribunal considera que la condemna dels demandants en apel·lació a l'Audiència Provincial, després d'un canvi en la valoració d'elements, sense que els demandants hagin tingut l'oportunitat de ser escoltats presencialment i d'impugnar aquesta valoració mitjançant un examen contradictori durant una audiència pública, no s'ajusta als requisits d'un judici just en els termes de l'article 6.1 del Conveni. Conclou, en aquest sentit, que va existir violació al dret a un judici just. Tanmateix, quant a la vulneració al dret a la presumpció de la seva innocència al·legada pels demandants, el Tribunal considera que, tenint en compte la decisió pel que fa a l'article 6 apartat 1, no es planteja qüestió separada respecte de l'apartat 2. Així mateix, pel que fa a la queixa presentada en virtut de l'article 1 del Protocol Núm. 1, el Tribunal considera que, tenint en compte la seva constatació que s'ha produït una violació de l'article 6.1 del Conveni, no pot especular sobre quina hauria estat la situació si el demandant hagués tingut accés a la tutela judicial efectiva, resultant innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió.

Dret a un judici just (article 6.1)

Berasategui Escudero y Arriaga Arruabarrena c. Espanya

26/11/2019

Els demandants, condemnats a Espanya per delictes comesos per ETA, sol·liciten que es computin en el càlcul de durada màxima de les penes els anys de condemna complerts a França pels mateixos fets. La seva sol·licitud és rebutjada i, després de diversos reclams, interposen una empara davant del Tribunal Constitucional, que és considerada inadmissible per falta d'esgotament de recursos judicials disponibles. Els demandants acudeixen al TEDH al·legant la vulneració al seu dret a la tutela judicial efectiva (article 6 del Conveni) a causa de l'excessiu formalisme emprat pel Tribunal Constitucional en rebutjar l'empara. A més, invoquen l'article 5.1. del Conveni, denunciant que la seva detenció s'ha prolongat a causa de l'aplicació retroactiva de la llei que els perjudica, vulnerant així el dret a la llibertat i a la seguretat. Així mateix, denuncien l'aplicació retroactiva per part del Tribunal Suprem d'una nova interpretació de la legislació vigent i d'una altra legislació que va entrar en vigor després de la condemna que, segons la seva opinió, va ampliar la durada efectiva de les penes de presó, vulnerant el principi de irretroactivitat de la llei penal (article 7 del Conveni).

Condenatòria
El Tribunal traça un paral·lelisme entre aquest assumpte i el seu precedent "Arrozpide y otros" i conclou que va existir violació a l'article 6.1 del Conveni. Pel que fa a l'article 5, el Tribunal no troba violació al Conveni perquè considera que els demandants van ser condemnats per tribunals competents i per llei vigent, en els termes d'aquest article. Finalment, rebutja tota violació a l'article 7 per considerar que les sentències impugnades no han modificat la durada màxima de compliment de les penes a Espanya, sinó que han desestimat les peticions dels demandants respecte a l'acumulació de les penes complertes a Espanya i França.

Dret a un judici just (article 6.1)

López Ribalda y otros c. Espanya

17/10/2019

L'ocupador dels demandants col·loca càmeres ocultes al lloc de treball davant de sospites de robatori. Acomiada els treballadors en confirmar les seves sospites i aquests acudeixen al TEDH al·legant la vulneració del dret a la seva vida privada (article 8) i del dret a un judici just (article 6.1), en haver-se implementat videovigilància encoberta i utilitzar-la com a prova per acomiadar-los.

Absolutòria
El Tribunal conclou que no va existir violació al Conveni, afirmant que la manera de procedir de l'ocupador va estar justificada i que els procediments havien estat justos. Pel que fa a la suposada vulneració a l'article 8, el TEDH explica que, si bé no pot acceptar la proposició que, en termes generals, la sospita més mínima d'apropiació indeguda o de qualsevol altre acte il·lícit per part dels empleats podria justificar la instal·lació d'una videovigilància encoberta per part de l'ocupador, l'existència d'una sospita raonable que s'ha comès una falta greu i la magnitud de les pèrdues identificades en aquest cas poden semblar una justificació de pes. Pel que fa a la vulneració a l'article 6.1, el Tribunal conclou que els enregistraments no van ser impugnats en cap moment pels demandants, que no van constituir l'únic mitjà de prova i que els empleats no van impugnar la validesa dels acords subscriptos amb l'ocupador, raons per les quals el procés és considerat equitatiu.

Camacho Camacho c. Espanya

24/09/2019

Al demandant se l'acusa d'assaltar i lesionar l'advocada representant de la seva exdona en una causa en què es disputen la custòdia de la seva filla en comú. Després de l'absolució al jutjat de primera instància, l'Audiència Provincial de Castelló el condemna per obstrucció de la justícia, robatori i agressió, sense escoltar l'acusat ni admetre declaracions testimonials. Se li denega un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional i, en conseqüència, acudeix al TEDH, al·legant la vulneració del seu dret a un judici just (article 6.1 del Conveni), basant-se en l'absència de producció de prova en segona instància.

Condenatòria
El Tribunal observa que l'examen directe, personal i contradictori del demandant i de determinats testimonis no es va fer durant l'audiència en qüestió. Conclou que l'abast de l‟examen realitzat per l'Audiència Provincial de Castelló feia necessària l'audiència del demandant i dels testimonis, confirmant la violació a l'article 6.1.

Dret a un judici just (article 6.1)

Haddad c. Espanya

18/06/2019

Després de ser absolt en una causa per violència familiar contra la mare dels seus fills, se li nega al demandant el restabliment de contacte amb la seva filla, que havia estat acollida per una família preadoptiva. Recorreguda la resolució que ordena la guarda preadoptiva esmentada, l'Audiència Provincial de Múrcia manté la decisió impugnada, invocant l'interès superior de la menor i el seu desenvolupament integral. El demandant presenta una protecció davant del Tribunal Constitucional, recurs que és rebutjat. En conseqüència, acudeix al TEDH al·legant vulneració al seu dret al respecte a la seva vida privada i familiar, per no haver-se adoptat cap mesura per facilitar el restabliment del contacte amb la seva filla després de l'absolució i l'aixecament de les mesures provisionals d'allunyament i no comunicació.

Condenatòria
El Tribunal conclou que les autoritats espanyoles no han realitzat els esforços adequats i suficients per garantir el respecte al dret del demandant a viure amb la seva filla amb els seus germans, ignorant d'aquesta manera el seu dret al respecte de la vida privada i familiar consagrat al article 8 del Conveni.

Dret al respecte a la vida privada i familiar (article 8)

Saber y Boughassal c. Espanya

18/12/2018

Nacionals marroquins són expulsats del territori espanyol després de ser condemnats a penes de presó. Interposen recursos davant de la justícia administrativa i, més tard, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, invocant violació de l'article 8 del Conveni ja que els seus llaços amb el Marroc eren pràcticament nuls, tenint tota la seva família a Espanya i comptant amb residència permanent allà . Rebutjats els seus recursos, interposen una empara davant del Tribunal Constitucional, el qual també és rebutjat, raó per la qual acudeixen al TEDH.

Condenatòria
El Tribunal confirma la vulneració a l'article 8 del Conveni, considerant que les autoritats espanyoles no van tenir en compte factors com la naturalesa i la gravetat de les infraccions, la durada de la seva estada a Espanya, la situació familiar, la solidesa de les seves relacions socials, culturals i familiars, entre d'altres, per valorar si les mesures d'expulsió eren legítimes i necessàries.

Dret al respecte a la vida privada i familiar (article 8)

Toranzo Gomez c. Espanya

20/11/2018

El demandant és condemnat per calúmnies contra les forces de seguretat, en acusar la policia públicament de tortura en el marc de la seva participació en una protesta per evitar un desallotjament al Centre Social Casas Velles de Sevilla. Esgotades les instàncies, el demandant va presentar empara davant del Tribunal Constitucional, el qual també va ser rebutjat. En virtut d'això, reclama davant del TEDH d'acord amb l'article 10 del Conveni que la sentència dels tribunals interns de declarar-lo culpable de calúmnia suposava una ingerència indeguda en el dret a la llibertat d'expressió.

Condenatòria
El TEDH confirma la vulneració de l'article 10, afirmant que les paraules del demandant tenien com a fi legítim debatre una qüestió dinterès públic. Assenyala que restringir el dret del demandant a criticar l'actuació dels poders públics imposant l'obligació de respectar rigorosament la definició legal de tortura establerta al Codi Penal espanyol suposaria una important càrrega per al demandant (així com per al ciutadà mitjà), soscavant de forma desproporcionada el seu dret a la llibertat d'expressió ia criticar públicament allò que considerava una actuació desproporcionada per part de la policia i el maltractament per part dels bombers. Considera, doncs, que aquesta sanció no tenia justificació adequada i que la normativa aplicada per part dels tribunals nacionals no va assegurar un equilibri equitatiu entre els drets pertinents (la vida privada dels policies i la llibertat d'expressió del demandant) i els interessos corresponents (llibertat d'expressió en una societat democràtica).

Dret a la llibertat d'expressió (article 10)

Vicent del Campo c. Espanya

06/11/2018

El demandant, professor en una escola pública, al·lega que una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó i la seva cobertura mediàtica lesionen el seu honor i afecten el gaudi de la seva vida privada, per adjudicar-li fets d'assetjament laboral sense permetre'l intervenir-hi en el procediment administratiu per exercir el dret de defensa degut. El demandant acudeix llavors al TEDH al·legant la infracció al seu dret a la tutela judicial efectiva, atès que la seva petició de tenir-lo com a part interessada en el procediment de responsabilitat patrimonial contra l'Administració va ser rebutjada, malgrat tenir un interès directe a defensar-se de les greus denúncies d'assetjament laboral. A més, reclama d'acord amb els articles 8 i 13 del Conveni que la sentència dictada en el marc del procediment esmentat havia vulnerat el seu dret a l'honor i al respecte de la seva vida privada i familiar, i que no disposava de recursos efectius en aquest sentit.

Condenatòria
El TEDH identifica la violació a l'article 8 del Conveni, i afirma que la ingerència en el dret del demandant al respecte de la seva vida privada, provocada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia, no estava prou fonamentada per les circumstàncies concretes del cas i va ser desproporcionada amb relació als objectius legítims perseguits. D'altra banda, tenint en compte les conclusions assolides d'acord amb l'article 8 del Conveni, el Tribunal declara que no cal examinar si hi ha hagut una vulneració dels articles 6.1 i 13 del Conveni.

Dret al respecte a la vida privada i familiar (article 8)

Otegi Mondragón y otros c. Espanya

06/11/2018

Els demandants, acusats per suposada pertinença a ETA, al·leguen davant del TEDH la violació de l'article 6.1 del Conveni davant l'aparent manca d'imparcialitat de l'Audiència Nacional en enjudiciar-ne el cas. Indiquen que el Tribunal Suprem havia declarat que l'Audiència Nacional havia mancat d'imparcialitat respecte d'un dels demandants en un procediment penal previ, en què finalment havia estat absolt de tots els càrrecs que es formulaven contra ell. Acudeixen al Tribunal Constitucional en protecció, sense èxit.

Condenatòria
El Tribunal conclou que el raonament que va portar el Tribunal Suprem a estimar que la Presidenta del Tribunal no tenia imparcialitat i que calia repetir el judici amb una nova composició, ha de ser aplicable al cas. Considera que el comportament previ de la Presidenta del Tribunal, així com la posterior anul·lació de la sentència per part del Tribunal Suprem, podrien ser indicis suficients per posar en dubte la imparcialitat del tribunal. En virtut d'això, confirma la vulneració al dret a un judici just.

Dret a un judici just (article 6.1)

Arrozpide Sarasola y otros c. Espanya

23/10/2018

Els demandants, condemnats a Espanya per delictes comesos per ETA, sol·liciten que es computin en el càlcul de durada màxima de les penes els anys de condemna complerts a França pels mateixos fets. La seva sol·licitud és rebutjada i, després de diversos reclams, interposen una empara davant del Tribunal Constitucional, que és considerada inadmissible per falta d'esgotament de recursos judicials disponibles. Els demandants acudeixen al TEDH al·legant la vulneració al seu dret a la tutela judicial efectiva (article 6 del Conveni) per haver estat rebutjat la seva empara davant del Tribunal Constitucional, quan havien esgotat totes les instàncies jurisdiccionals. A més, invoquen l'article 5.1 del Conveni, denunciant que la seva detenció s'ha prolongat a causa de l'aplicació retroactiva de la llei que els perjudica, vulnerant així el dret a la llibertat i la seguretat. Així mateix, denuncien l'aplicació retroactiva per part del Tribunal Suprem d'una nova interpretació de la legislació vigent i d'una altra legislació que va entrar en vigor després de la condemna que, segons la seva opinió, va ampliar la durada efectiva de les penes de presó, vulnerant el principi de irretroactivitat de la llei penal (article 7 del Conveni).

Condenatòria
El Tribunal confirma la violació a l'article 6.1, considerant que als recurrents se'ls va imposar una càrrega desproporcionada que va trencar l'equilibri degut entre, d'una banda, la preocupació legítima de garantir el respecte a les formalitats per a l'accés a la jurisdicció constitucional i, d'altra banda, el dret d'accés efectiu a aquesta instància. Pel que fa a la suposada vulneració de l'article 7, el TEDH conclou que les decisions recorregudes no han suposat una modificació de l'abast de les penes imposades. Les penes imposades han estat sempre les penes màximes de trenta anys de presó, com a resultat de l'acumulació i/o de la limitació màxima de compliment de les penes individuals dictades pels tribunals espanyols en contra dels recurrents, sense tenir en compte les penes imposades i complertes a França, per la qual cosa no troba violació al Conveni en aquest sentit. Finalment, el Tribunal considera que, en el moment en què es van pronunciar les condemnes dels demandants, i fins i tot després, quan els interessats van sol·licitar l'acumulació de les penes complertes a França, el dret espanyol no en preveia, en una interpretació raonable. que les penes ja complertes a França es tinguessin en compte als efectes de determinar la durada màxima de presó de trenta anys. Atès que les decisions controvertides no han suposat una modificació en l'abast de les penes imposades a l'empara de l'article 7, els períodes de presó qüestionats pels demandants no poden ser descrits com a no previsibles o no autoritzats per la "llei" en el sentit del Article 5.1.

Dret a un judici just (article 6.1)