Relatora de la ONU pide a España más protección para las víctimas de violencia sexual
La Relatora Espacial de la ONU Reem Alsalem ha expresado su preocupación de que la aprobación de la nueva ley sobre el consentimiento sexual en España (Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre) suponga una reducción de la duración de las penas impuestas a los autores perpetradores de violencia contra las mujeres.
Según el Consejo General del Poder Judicial, a fecha de 12 de abril de 2023, 943 de 4.000 perpetradores de violencia sexual que cumplían penas de prisión han visto reducidas sus penas tras la aprobación de la Ley Orgánica de garantía integral de libertad sexual, también conocida como Ley de Consentimiento Sexual o Ley “Solo Sí es Sí”.
En este sentido, Alsalem ha señalado la importancia que “el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección”.
La experta considera que la aprobación de la ley tiene un impacto negativo involuntario en las víctimas, que incluso el Presidente del Gobierno español reconoció y pidió disculpas a las mujeres afectadas. Por consiguiente, algunos de los efectos positivos de la ley, como las medidas preventivas para luchar contra la violencia sexual, el reconocimiento de los derechos y el acceso a recursos de las víctimas o la obligatoriedad del Estado de dotar a estas mujeres de asistencia médica y jurídica, han quedado relegados en un segundo plano.
Uno de los grandes problemas, según la relatora, es que la ley no ha ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación. De manera que se calcula que un tercio de las víctimas de violencia sexual en España no reciben ningún tipo de compensación por los daños sufridos.
“Utilizar el umbral de si hubo consentimiento o no como carga de la prueba pierde sentido en muchas situaciones y puede llevar a que la carga de la prueba recaiga en las víctimas y no en los agresores”, ha apuntado la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias.
Respecto a las soluciones, y dado que no se puede dar marcha atrás, Alsalem ha asegurado que las consecuencias negativas indeseadas resultantes de la ley podrían haberse evitado si se hubiera extendido el tiempo de consultas sobre el proyecto de ley y se hubieran considerado las opiniones procedentes de la sociedad civil y del Consejo General del Poder Judicial que pronosticaban las implicaciones perjudiciales de la ley sobre las víctimas.
Fuente: Spain: UN expert calls for stronger protection for victims of sexual violence.
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