Racismo, inmigración, tortura y lucha contra la impunidad: las asignaturas pendientes del estado español

Hoy tuvo lugar la primera sesión del Examen periódico universal a España. Un mecanismo de la ONU que analiza la situación de los derechos humanos en el país. Los 47 estados miembros del Consejo de derechos humanos, encargados del examen, plantearon durante tres horas sus principales motivos de preocupación.

De 9 a 12 de la mañana se celebró en el Consejo de derechos humanos de la ONU, en Ginebra, la primera sesión del Examen periódico universal a España. El conocido como EPU examina la situación de los derechos humanos en todos los países miembros de las Naciones Unidas. El próximo viernes 7 de mayo se celebrará la segunda y última sesión del EPU a España.

Una delegación, presidida por el secretario de Estado para Asuntos constitucionales y parlamentarios, José de Francisco, y compuesta por miembros de la Abogacía del estado y por responsables de varios ministerios y de otros organismos públicos como el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, es la encargada de representar a España durante el examen.

Al inicio de la sesión celebrada hoy, la delegación española presentó el informe que el gobierno elaboró para ser analizado durante el EPU. En 20 páginas, tal y como establece el reglamento, se recogen las iniciativas legislativas así como otras prácticas que el ejecutivo ha puesto en marcha para mejorar la protección de los derechos humanos. El resto de la sesión se desarrolló bajo el formato de un diálogo interactivo: los estados miembros del Consejo plantearon preguntas y recomendaciones a las que contestaba la delegación española. Durante el diálogo las intervenciones de las delegaciones nacionales coincidieron mayoritariamente en torno a la lucha contra el racismo y la xenofobia, los derechos de los trabajadores migrantes, la lucha contra la impunidad y la memoria histórica y la prevención de la tortura.

Racismo y xenofobia
En España, a consecuencia de la crisis económica, ha aumentado la discriminación hacia trabajadores y trabajadoras extranjeros. Más de un estado se refirió a este hecho y apuntó la necesidad de reforzar la lucha contra los actos racistas y xenófobos, en particular contra el pueblo gitano y la población inmigrante. Concretamente se recomendó al gobierno elaborar e implementar planes de acción para luchar contra la discriminación. También se sugirió, como una estrategia de promoción de la igualdad, reforzar la educación en derechos humanos en todos los ámbitos educativos.

La delegación española, a través del director del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, informó de que en España ya existen mecanismos para la integración de los inmigrantes y de las minorías y puso como ejemplo el Plan de Acción contra el Racismo y la Xenofobia o el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana. La delegación española no precisó, sin embargo, el impacto, eficacia y recursos existentes para el desarrollo de estos planes.

Trabajadores migrantes
Muchas delegaciones, en especial de América Latina, preguntaron a España sobre la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Convención que protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras extranjeros y que España no ha ratificado, por tanto, no es aplicable en el país. Si bien, la ratificación de este tratado internacional era una promesa electoral del Partido Socialista, la delegación española explicó que se trata de un "tema de difícil articulación jurídica". Además, recordó que ningún estado de la Unión Europea lo ha ratificado hasta la fecha pero que España está estudiando la posibilidad de firmarlo y ratificarlo.

Memoria histórica: Derecho a la verdad y lucha contra la impunidad
Con relación a los crímenes del franquismo, muchas delegaciones apuntaron que España no adopta las medidas suficientes para exhumar e identificar cadáveres y que tiene que reforzar las medidas legales para luchar contra la impunidad. Entre otras cosas, se recomendó la incorporación en el código penal del delito de desaparición forzosa como crimen imprescriptible, tal y como exige la Convención contra las desapariciones forzosas recientemente ratificada por España. La delegación española puntualizó que el tipo penal de desaparición forzosa existe en España como delito común desde 1995 y que, como delito de lesa humanidad fue incorporado en el ano 2004, aunque no se aclaró la imprescriptibilidad del mismo.

Durante el examen se recordó que el derecho a la verdad es un derecho fundamental de las victimas, por lo que es necesario seguir trabajando en la implementación de la Ley de Memoria Histórica.

Prevención de la tortura
La definición del delito de tortura en la legislación penal española no recoge todas los aspectos que demanda la Convención para la prevención de la tortura y así lo apuntaron algunas delegaciones que recomendaron a España una definición más completa en el código penal. La delegación española alegó que la definición en la legislación española va más allá de la establecida en la propia Convención contra la tortura de la ONU, que sólo castiga los malos tratos cuando son graves y no todo tipo de malos tratos, como se recoge en la definición de la legislación española. Sin embargo, esta definición no recoge que un acto de tortura también puede ser cometido por otra persona en el ejercicio de funciones públicas y que la finalidad de tortura puede incluir el fin de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, tal y como ya apuntó el Comité contra la tortura en 2009.

Por oto lado, varios países mostraron su preocupación respecto al régimen de incomunicación vigente en España, que permite tener a un detenido incomunicado hasta trece días, y especialmente su aplicación a menores de edad. Esta medida ya fue criticada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, tras su visita a España en 2003 y más recientemente por el Comité de derechos humanos en 2008 y por el Comité contra la tortura en 2009.

En su turno de réplica, la delegación española aseguró que en la lucha contra el terrorismo no existe un régimen especial y señaló que se está trabajando en una reforma legislativa del régimen de incomunicación, aunque en ningún caso se plantea España su supresión. El representante español explicó que con la reforma se permitirá a las personas detenidas bajo régimen de incomunicación acceder a la asistencia letrada de su elección, se incorporarán cámaras de video para grabar lo que ocurre en los lugares de detención y se garantizará el acceso a un segundo médico forense. También se derogará el régimen de incomunicación para menores de edad. Reformas que en todo caso seguirían incumpliendo los estándares internacionales.

Si bien estos cuatro temas fueron los más discutidos durante la sesión, también se plantearon otras cuestiones. Varias delegaciones se refirieron a la obligación de España de identificar y juzgar a los responsables de los vuelos secretos de la CIA que pasaron por el territorio nacional. Por último, se trató la situación de colectivos especialmente vulnerables en España. Se mencionó concretamente a los menores migrantes no acompañados y la necesidad de adecuar la legislación española a los estándares internacionales para garantizar su protección. También se hizo referencia a las mujeres victimas de trata con finalidad sexual y a la importancia de seguir luchando a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos.

La próxima sesión del EPU a España será el viernes 7 de mayo, cuando seguirá el diálogo interactivo entre los estados. Finalmente, en la sesión plenaria del Consejo en septiembre de 2010 se adoptarán las recomendaciones que España deberá comprometerse a cumplir

Una delegación del IDHC ha viajado a Ginebra para asistir a las sesiones del EPU a España. El IDHC ha seguido todo el proceso del EPU desde 2009.