Querella por el Proyecto Castor

El pasado 21 de febrero de 2018 se presentó la querella criminal por el Caso Castor que el Observatori del Deute en la Globalització, XNet y el Institut de Drets Humans de Catalunya presentamos a la Audiencia Nacional. La querella se interpone contra un gran número de altos cargos tanto públicos como privados con la voluntad de evidenciar las responsabilidades compartidas de PP y PSOE en el fracaso de un proyecto millonario que puede ser que se acabe pagando con dinero público.

En el web www.casocastor.net, explicamos en detalle los motivos de la querella interpuesta por los posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

La plataforma y sus anomalías

La plataforma Castor pretendía ser un almacén de gas a un antiguo yacimiento petroler. La infraestructura va paralizó su producción después de los microterremotos que se produjeron en una zona que nunca había tenido actividad sísmica.

La querella tiene entre otros, el objetivo de frenar la indemnización de 1.400 millones €, que asciende a 2.420 millones € con intereses, y que se pretende pagar con dinero público. La indemnización a la empresa ESCAL UGS se debe a la cláusula por “luto” o “negligencia” incluida al contrato que se firmó con la administración pública por la que se tenía que devolver el valor de las instalaciones. Esta cláusula es anómala en este tipo de contratos.

La plataforma se encontraba situada en aguas terrenos de las provincias de Castelló y Tarragona. Cuando la Generalitat de Catalunya pidió adoptar mayores cautelas ante su creación, la ministra de Fomento Magdalena Álvarez Arza permitió una corrección al Real Decreto 638/2007 de "las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos”, que modificaba los límites entre la Comunitat Autónoma de Catalunya y la provincia de Castelló. De este modo la plataforma quedó íntegramente en territorio de la Generalitat Valenciana, gobernada por Francisco Camps, que no se interpuso en su construcción.

Actores implicados

La querella se interpone contra Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la mercantil ESCAL UGS; los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos Matheu (PSOE), Miguel Sebastián Gascón (PSOE) y José Manuel Soria López (PP); las exministras de Fomento Magdalena Álvarez Arza (PSOE), y de Medio ambiente y Agricultura Elena Espinosa (PSOE); el exsecretari General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto Magaldí; el ex consejero de Medio ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Gabriel Cotino Ferrer; y el presidente de la mercantil ESCAL UGS Recadero Del Portro Gómez.

La querella se presentó a los juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para ser órgano competente en los casos de defraudaciones que produzcan o puedan producir grave repercusión a la seguridad del tráfico mercantil, de la economía nacional o un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas al territorio de más de una Audiencia.