La situación de los derechos humanos en España se deteriora

Esta mañana se ha celebrado en la sede del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, el Examen Periódico Universal a España. El conocido como EPU es el mecanismo por el que Naciones Unidas evalúa la situación de los derechos humanos cada cuatro años en todos los países miembros de la organización.

La sesión, que ha durado tres horas y media, se ha iniciado con la presentación realizada por Ignacio Ibáñez, secretario de estado de Asuntos Exteriores. Este ha ofrecido una visión sesgada sobre la situación real de los derechos humanos en el país, en la que se han omitido referencias a cuestiones tan controvertidas en la actualidad como la reforma de la justicia universal, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, el derecho a la verdad de las víctimas del franquismo, los abusos policiales o el régimen de detención incomunicada. Todas ellas cuestiones sobre las que España ha recibido críticas en anteriores ocasiones por parte de distintos organismos de Naciones Unidas y que sí fueron tenidas en cuenta por otras delegaciones nacionales participantes en el examen. Tras la presentación del secretario de estado, el resto de países formularon sus preguntas y recomendaciones en las que se incluyeron referencias a estas cuestiones.

Entre los temas discutidos por los países participantes en el EPU, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) quiere destacar:

1. Recortes y medidas de austeridad: han sido presentadas como inevitables dadas las circunstancias económicas y las directrices europeas. La delegación española ha defendido que estas medidas respetan los principios planteados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que en 2013 el informe de este comité afirmaba lo contrario.
2. Derecho a la salud: la delegación española ha reconocido que las personas inmigrantes sin residencia legal en España solo tienen acceso al sistema sanitario en caso de emergencia, embarazo o minoría de edad. Este hecho atenta contra el disfrute del derecho universal a la salud.
3. Derecho a la vivienda: la delegación española no ha ofrecido datos sobre los efectos de las medidas coyunturales y estructurales adoptadas para combatir el elevado número de desahucios y para fomentar el acceso a la vivienda de la población más vulnerable.
4. Derecho a la alimentación: no se ha hecho mención a este problema a pesar de los datos aportados por diferentes informes.
5. Derecho de reunión y manifestación y libertad de expresión: se han hecho varias recomendaciones alertando sobre la adopción de la Ley de Seguridad Ciudadana y sus efectos que restringen el ejercicio de estos derechos.
6. Memoria histórica: distintas delegaciones han solicitado la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes del franquismo, tal y como recoge la legislación internacional en la materia.
7. Plan de derechos humanos: el gobierno se ha comprometido a elaborar un plan de derechos humanos, compromiso que viene reiterando desde hace años pero que aun no se ha materializado.
8. Situación en Ceuta y Melilla: el acceso al asilo y refugio y las devoluciones en caliente así como la situación en los centros de estancia temporal (CETI), concretamente en Ceuta y Melilla, han sido de las preocupaciones más repetidas por el resto de delegaciones.
9. Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): se ha llamado la atención sobre las mejoras que faltan por realizar al Reglamento de los CIE de 2014.
10. Racismo y xenofobia: se han formulado numerosas recomendaciones solicitando medidas para combatir el discurso del odio y prevenir los crímenes de odio.

Para el IDHC, durante la sesión se ha puesto claramente de manifiesto que el disfrute y garantía de los derechos humanos en España ha empeorado desde 2010, ya que en la actualidad son muchos más los aspectos preocupantes. 

Tras la sesión de hoy, una troika de estados formada por Sierra Leona, Reino Unido y Macedonia presentará este viernes un informe en el que se recogerán las numerosas recomendaciones realizadas durante esta mañana por las delegaciones participantes. El gobierno español tendrá hasta junio para estudiarlas y decidir qué recomendaciones se comprometerá a seguir y cuáles rechazará.  Para Aida Guillén, gerente del IDHC presente durante el EPU, “será entonces cuando comprobaremos la utilidad de este ejercicio, así como la voluntad de España de combatir las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo” y añade que “si bien el EPU no produce recomendaciones de obligado cumplimiento, es un mecanismo que nos sirve para visibilizar de manera global dónde se encuentran los puntos negros, focalizarnos en ellos y hacer uso de otros mecanismos con más fuerza vinculante como los comités de los tratados de derechos humanos. Este es nuestro siguiente paso”.