La dimensión de movilidad humana en los planes nacionales de adaptación

Los planes nacionales de adaptación (PNA) constituyen un instrumento básico de planificación para identificar los principales riesgos y amenazas derivados del cambio climático, así como para determinar las acciones y estrategias para hacerles frente. En 2010 la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático impulsó el desarrollo y puesta en marcha de los PNA y en la actualidad más del 50% de los países del mundo cuentan con su plan.

Así es el casto del Estado español, donde está vigente el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, y distintos planes autonómicos como la Estrategia catalana de adaptación al cambio climático 2021-2023. Sin embargo, en estos instrumentos las cuestiones de movilidad humana, específicamente los desplazamientos, la migración y las reubicaciones motivadas por el cambio climático, no están siendo atendidas.

Ante esta realidad, el IDHC ha impulsado un grupo de trabajo integrado por personas expertas en cuestiones climáticas y migratorias de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México y Panamá, con el objetivo de analizar de qué manera se está incorporando la dimensión de movilidad en los PNA, así como para identificar medidas concretas que puedan aplicarse en los instrumentos del estado español.

Conclusiones y recomendaciones generales

El grupo de trabajo se reunió en diversas ocasiones a lo largo de los meses de junio y agosto de 2023. Tras el análisis individualizado de cada país, se elaboraron una serie de conclusiones y recomendaciones globales.

En la memoria de las reuniones del grupo se recoge que “todos los países tienen importantes retos respecto a la movilidad humana —migraciones, desplazamientos y/o traslados programados— en los PNA”  y reclama que “los Estados por medio de sus gobiernos, pero también la sociedad civil y la academia, debemos sumar esfuerzos para que un tema tan importante como la movilidad humana a consecuencia de los efectos del cambio climático esté presente en los PNA, y en toda política en ese ámbito”.

Específicamente, se apunta:

• Las medidas de adaptación pueden ayudar a las personas a desplazarse de manera voluntaria y con dignidad antes de que las situaciones de crisis ocurran. Pero incluso, estas medidas deberían servir para reducir o evitar que ocurran los movimientos migratorios al revertirse los peligros que amenazaban a las personas. En ese ámbito, los PNA pueden jugar un importante rol, mostrándose en la práctica como una opción viable y aceptada por los Estados al recogerse los temas migratorios en más del 50% de los PNA existentes para el año 2023, así como en diversas leyes contra el cambio climático vigentes en el mundo.
• Para ser útiles y efectivos, los PNA deben cumplir con unos mínimos de contenidos: desde el diagnóstico de la situación hasta el desarrollo de medidas eficaces, las que en todo caso deben estar siempre acompañadas por las normas de derechos humanos y otros compromisos adquiridos por los Estados en materia migratoria, como puede ser el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular.
• Es necesario visibilizar el factor climático como causante de la movilidad humana desde un enfoque de la justicia climática. De no ser así, no se incluirá en las agendas políticas ni de cooperación. Las narrativas hay que construirlas y para eso se necesitan datos. Al día de hoy la información existente sobre movilidades climáticas no necesariamente refleja lo que está ocurriendo y esconde un gran número de migraciones que pueden estar relacionadas al cambio climático.
• En el estado actual del cambio climático resulta imprescindible fomentar la investigación regional sobre el vínculo entre movilidad humana y el fenómeno climático. Realizar estudios de derecho comparado que permitan dilucidar la normativa idónea para afrontar el problema en cada país y en la región., así como recoger políticas públicas eficaces y buenas prácticas.
• Es fundamental que los gobiernos desarrollen análisis de vulnerabilidad y riesgos climáticos que puedan identificar amenazas particulares y grupos de población vulnerables que requieren atención por riesgos potenciales que gatillen modificaciones en los patrones de movilidad humana, en ese sentido, los PNA les ofrecen una oportunidad y una herramienta para llevar a cabo esos análisis, diagnósticos, estudios y políticas públicas.

Consulta aquí la memoria del grupo de trabajo

Integrantes del grupo de trabajo

Andrés Felipe Aristizábal-Isaza

Abogado especializado en Derecho administrativo y magíster en Derechos Humanos y Democracia. Miembro del Movimiento de Laderas, articulación que agrupa distintas organizaciones que trabajan de manera interdisciplinaria procesos de soberanía alimentaria y la defensa del territorio con un enfoque de adaptación al cambio climático y gestión comunitaria del riesgo en los barrios de laderas de Medellín, Colombia.

Byron Cárdenas Velásquez

Doctor en Derecho y Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialidad en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito varios artículos sobre derechos humanos en Centroamérica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de derechos humanos y ocho años trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Sudan del Sur, México, Honduras y otros países de América Central. Ha trabajado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y la Institución de Derechos Humanos en Nicaragua.

Karlos A. Castilla Juárez

Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra. Coordinador de investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya. Fue subdirector de litigio internacional en materia de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y asesor en materia de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito del derecho internacional (sistemas internacionales de derechos humanos y litigio internacional), derecho constitucional (control de convencionalidad y sistemas de acceso a la justicia), derechos de las personas migrantes (detención migratoria, expulsión, migración y cambio climático) y temáticas específicas de derechos humanos (racismo, igualdad, no discriminación, interseccionalidad, libertad de expresión).

Beatriz Felipe Pérez

Investigadora y socia cofundadora de CICrA Justicia Ambiental. Actualmente también trabaja como responsable técnica para el Comité de Expertos de Cambio Climático de Cataluña. Investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (URV, Tarragona). Especializada en el análisis jurídico y multidisciplinar de la movilidad humana inducida por los desastres y el cambio climático, también se ha centrado en la ciencia del cambio climático, la educación para la justicia global y la cooperación internacional. Licenciada en Ciencias Ambientales (Universidad de Granada), Beatriz es Doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, con una tesis titulada “Migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho Internacional”. Premio Josep Miquel Prats a la mejor tesis doctoral en Derecho ambiental 2017. Entre otras publicaciones, es autora de la monografía “Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional” (Aranzadi, 2019) y “Migraciones Climáticas. Sobre desigualdades, mitos y desprotección” (MRA Ediciones, 2022).

Pascal Girot

Director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Hasta Marzo 2018 estuvo trabajando como coordinador de proyecto y asesor del Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica en temas de cambio climático. Es miembro del equipo negociador de cambio climático de Costa Rica desde el 2014. Ha trabajado como consultor internacional durante los últimos 30 años con trabajos para PNUD, CARE, ONU Ambiente, BID, Banco Mundial, FAO, y la UICN. Ha trabajado en particular como consultor en Centroamérica y el Caribe en temas de política ambientales, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.  Ha participado en misiones post-desastres en varios países del mundo, en la India, Argentina, Bolivia, Caribe (Haití) y Centroamérica. Es portador de un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Geografía de la Universidad de Paris III, Francia. Tiene además un Máster of Science en Geografía de la Universidad de Wisconsin y un Bachelors of Arts en Geografía de Clark University en Estados Unidos.  Enseña desde hace más de 33 años en la Escuela de Geografía. Ha dictado cursos en temas como el Ordenamiento Territorial, Gestión Ambiental, Gestión de Riesgos, Geografía Económica y Geografía Política. Tiene más de 25 artículos publicados en revistas internacionales y capítulos de libros.

Rosalía Ibarra Sarlat

Doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España. Diplomada en Estudios Avanzados con el Reconocimiento de Suficiencia Investigadora por la Universidad de Alicante, España. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en el período cuatrienal 2021-2025. Investigadora Titular “A” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental (CEDAT) de Tarragona en la Universidad Rovira i Virgili, España (septiembre 2022 – marzo 2023). Miembro de la Línea de Investigación de la Universidad de Zaragoza, España: Agua, Derecho y Medio Ambiente.

Gabriela Oviedo Perhavec

Abogada por la Universidad San Francisco de Quito, con una subespecialización en derechos humanos. Realizó sus estudios de maestría (LL.M) en University of Michigan Law School, donde fue seleccionada como Grotius Fellow (2019-2020). Actualmente, se desempeña como coordinadora del Proyecto de Movilidad Humana para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y ha trabajado en diversos temas de litigio e investigación de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Movilidad Humana y Empresas y Derechos Humanos.

Cristián Retamal

Ingeniero civil industrial de la PUC Chile, con especialización en ingeniería ambiental y estudios en sociología. Posee también un MSc de la VU University Amsterdam en Holanda. Centra su trabajo en las transformaciones y movilización de esfuerzos que el antropoceno y cambio climático conllevan. Sigue de cerca la negociación internacional de Naciones Unidas sobre cambio climático. Tiene especial interés en la articulación del sistema energético global, la gobernanza del régimen climático internacional y las dinámicas geopolíticas de la transición hacia sistemas socioeconómicos post-carbono, resilientes e inclusivos. Durante 2015 trabajó apoyando la formulación de (I)NDCs de países LDCs y SIDS en la antesala de la COP 21. Ha sido asesor del grupo de negociación AILAC en la discusión del Paris Agreement Work Programme hasta COP 24 en 2018 en Polonia, e integró también el equipo de la Presidencia Chilena COP 25. Actualmente es asesor del Green Climate Fund para América Latina.

Erika Pires Ramos

Abogada Pública e investigadora brasileña. Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de São Paulo (USP). Es co-fundadora de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales – RESAMA y investigadora del Observatorio Latinoamericano sobre Movilidad Humana, Cambio Climático y Desastres (MOVE-LAM), una iniciativa desarrollada por la Universidad para la Paz (UPEACE) y RESAMA. Se dedica a las migraciones ambientales desde 2005 – investigando, compartiendo, tejiendo, conectando – y sigue en proceso continuo de aprendizaje.