Examen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a España

En el marco del 21º período de sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el Comité revisa el grado de cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en España.

Durante la sesión, celebrada el viernes 17 de septiembre, el Comité ha analizado y discutido con representantes del gobierno español el informe en el que se detallan las medidas puestas en marcha para cumplir con el contenido de la Convención.

Durante la sesión se han aboradado tres temas principales: legislación nacional; investigación, reparación y sanción de desapariciones; y medidas de prevención. Concretamente, las siguientes cuestiones:

• Reforma código penal para inclusión de delito de desaparición de 2015;
• Plazos de prescripción de casos ocurridos durante la guerra civil;
• Criterios de competencia jurisdiccional aplicados a los delitos de desaparición forzada;
• Competencia de los tribunales militares españoles para entender en delitos de desaparición forzada;
• Participación de empleados y/o funcionarios públicos en la comisión de infracciones o delitos;
• Cooperación internacional de juzgados y tribunales españoles;
• Mecanismos de extradición, entrega, devolución y expulsión;
• Reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal;
• Regulación del habeas corpus;
• Aumento presupuestario al Defensor del Pueblo;
• Regulación del Estatuto de la víctima del delito;
• Funciones de la Dirección General para la Memoria Histórica;
• Avances administrativos y normativos sobre sustracción de recién nacidos.

Vídeo de la sesión y documentación examinada

El informe presentado por el Estado español, así como los informes alternativos presentados por organizaciones de derechos humanos como FIBGAR, ALUMBRA i Amnistía Internacional, pueden consultarse en este enlace.

Conclusión del examen

Próximamente el Comité emitirá las observaciones finales resultado del examen, en las que se apuntarán recomendaciones para asegurar y mejorar la aplicación de la Convención en el Estado español.