España, suspenso en derechos humanos

El próximo 21 de enero se celebrará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, un debate sobre la situación de los derechos humanos en España. La sesión, en el que participan delegaciones de todos los estados miembros de la ONU, forma parte del Examen Periódico Universal, un procedimiento al que todos los estados estás obligados a someterse para evaluar el grado de cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos.

En el debate se plantearán las medidas que ha llevado a cabo el gobierno y que han tenido un impacto directo en la protección y garantía de los derechos humanos. Entre otras, la delegación española deberá dar explicaciones sobre la limitación de la justicia universal, los efectos sobre la población de las medidas de austeridad llevadas a cabo a partir de 2011 o las reformas legislativas que restringen derechos y libertades fundamentales como el acceso a la justicia, o el derecho de reunión y la libertad de expresión. Cuestiones que ya han sido denunciadas por distintos organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Esta será la segunda vez que España se someta al Examen Periódico Universal. Tras el primer examen, en 2010, el gobierno se comprometió a adoptar una serie de medidas para mejorar el ejercicio de los derechos en el país. Cuatro años después gran parte de estas medidas no se han realizado y la protección y ejercicio de los derechos humanos ha empeorado considerablemente. Así se recoge en sendos informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en los que se incluye información facilitada por el Defensor del Pueblo, por los diferentes organismos de protección de los derechos  humanos de la ONU y por entidades de defensa de los derechos humanos.

Estos dos informes así como el enviado por el gobierno español constituyen la base del examen. En un primer momento, la documentación es analizada por los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y a partir de la cual formulan sus preguntas en la sesión de debate que se celebrará el próximo miércoles 21. Tras las tres horas de diálogo, una troika formada por Reino Unido, Sierra Leona y Macedonia es la encargada de realizar un informe final con el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en España en forma de recomendaciones para mejorarla. Este informe será presentado en una próxima sesión del Consejo, presumiblemente en junio, cuando el gobierno español comunicará que recomendaciones se compromete a seguir y cuáles rechaza. Un momento clave para analizar el compromiso del actual gobierno con los derechos humanos.

Entre la información que se considera en el examen se encuentran los informes que el Institut de Drets Humans de Catalunya envió en colaboración con otras entidades de la sociedad civil y en los que se incluyen nuestras principales preocupaciones sobre lo que entendemos “un ataque sistemático y continuo a los derechos humanos.

1. Las reformas del actual gobierno que afectan al derecho a la salud y, que rompen el modelo de acceso universal gratuito a la misma,
2. El derecho a una vivienda digna que se ve vulnerado por la concepción de la vivienda como bien de inversión y no de primera necesidad, lo que promueve el sobreendeudamiento de las personas como principal vía de acceso a las mismas, que con la actual crisis y la falta de vivienda social, supone el desalojo de miles de personas por impagos de alquiler o de hipotecas, situación que ya se manifestó en el anterior EPU,
3. El derecho a la alimentación se ve afectado por la situación de desempleo provocado por la crisis, lo que supone una situación de pobreza alimentaria, malnutrición, reducción o congelamiento de las becas comedor, entre otras, como ya se expresó en el anterior EPU,
4. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que implica un concepto de seguridad y orden público que gira entorno a la seguridad de instituciones y autoridades frente a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, afectando a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacíficas,
5. Los derechos de las personas privadas de libertad debido a la alta duración de las penas, la falta de penas alternativas o los malos tratos y torturas en prisión, ya manifestado en la anterior revisión del 2010,
6. Los derechos de los extranjeros se ven afectados en situaciones como las que se viven en los centros de internamiento-como se puso de manifiesto en el anterior EPU- o las que se viven en las fronteras de Ceuta y Melilla con las expulsiones colectivas o, en el acceso al derecho de asilo,
7. La lucha contra el racismo y la xenofobia debido a la todavía existente falta de datos oficiales, que ya se manifestó anteriormente,
8. La necesidad de un II Plan de Derechos Humanos,
9. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supone la desaparición del principio de jurisdicción universal, preocupación ya manifestada,
10. Los recortes en la cooperación al desarrollo,
11. La Ley de Tasas que supone un obstáculo en el derecho al acceso a la justicia,
12. El Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que obstaculiza el acceso a la asistencia jurídica gratuita,
13. La nueva Ley de Seguridad Privada que no contempla ninguna previsión en relación con el respeto de los derechos humanos ni la creación de un mecanismo independiente de rendición de cuentas de las actividades de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas,
14. La reforma del Código Penal que no introduce el delito de desaparición forzada y reintroduce la cadena perpetua, entre otras medidas y,
15. La falta de satisfacción por el gobierno de las recomendaciones de los organismo internacionales y del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Al debate, que se celebrará el miércoles 21 de enero a partir de las 9 de la mañana, asistirá Aida Guillén gerente del Institut de Drets Humans de Catalunya, que lo retransmitirá desde @institut_IDHC