Entidades de derechos humanos, juristas, profesionales de salud mental y organismos internacionales contra la tortura solicitan la creación de un grupo de trabajo en el Parlament de Catalunya para erradicar las contenciones mecánicas en prisiones

El pasado viernes 1 de abril entraba en vigor el nuevo protocolo de aplicación de los medios coercitivos de aislamiento provisional y de contención mecánica en los centros penitenciarios de Catalunya, regulado a través de la recientemente aprobada Circular 1/2022 por parte del Departamento de Justicia. Esta regulación sustituía a la anterior normativa en materia de contenciones aprobada por el anterior gobierno, la Circular 2/2021, orientada a conseguir la contención cero en los centros penitenciarios y fruto de un proceso de diálogo entre el departamento de Justicia del anterior gobierno – con Ester Capella al frente – y varias entidades de derechos humanos, juristas, expertas en salud mental y organismos internacionales por la prevención de la tortura.

Desde las entidades de derechos humanos consideramos la nueva Circular una clara regresión de derechos en materia penitenciaria en Catalunya, puesto que no respeta las recomendaciones efectuadas por parte de organismos internacionales, como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, a través de sus visitas oficiales de monitorización de los centros penitenciarios de Catalunya en 2007, 2011, 2012 y 2018 respectivamente.

La nueva Circular 1/2022 entraba en funcionamiento después de fuertes presiones sindicales de los trabajadores penitenciarios hacia la nueva consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, haciendo referencia al aumento de la carga burocrática que suponía el anterior protocolo para efectuar una contención y un supuesto aumento de las agresiones de los internos hacia los trabajadores desde su aplicación en mayo de 2021, a pesar de que desde el Departamento de Justicia en ningún momento se han aportado datos que demuestran esta grave correlación de pretendida causa-efecto. A pesar de que consideramos necesarias y licitas las reivindicaciones laborales de los trabajadores penitenciarios, consideramos que estos en ningún caso pueden orientar la política penal ni penitenciaria en materia de derechos humanos.

Queremos denunciar que la nueva normativa ha eliminado las referencias del anterior relativas a los principios rectores y reguladores de la aplicación del medio coercitivo, en relación a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, cuidado, responsabilidad, formación, documentación, transparencia y supervisión judicial. En ningún caso el nuevo protocolo se dirige a la contención cero, tal como recomiendan las entidades expertas en esta materia, y en lugar de buscar alternativas en la contención se centra en perpetuar y facilitar la utilización de esta práctica.

Según el último informe publicado por el Síndic de Greuges el pasado 31 de marzo, la anterior Circular había conseguido reducir las contenciones de manera efectiva, pasando de una media de 60 a 44 al mes en el conjunto de prisiones catalanas. En este mismo informe, el Síndic coincide con las consideraciones y recomendaciones de las entidades de derechos humanos y los organismos internacionales de prevención de la tortura, y hace una valoración claramente negativa sobre los cambios que se han hecho en el nuevo protocolo, destacando que la existencia de un informe médico de patología de enfermedad mental o de discapacidad no es un impedimento para aplicar la contención mecánica a la cama o que el nuevo protocolo omite cualquier referencia a la duración máxima de los medios coercitivos, y por tanto se podrían prolongar durante más tiempo del necesario, lo cual supondría incurrir en una clara regresión de derechos que habría que corregir lo antes posible.

Por todo esto desde las entidades de derechos humanos, juristas, abogadas, profesionales de la salud, familiares de personas privadas de libertad y organismos internacionales de prevención de la tortura queremos denunciar que la nueva normativa aprobada por la Generalitat nace sin legitimidad de la sociedad civil, personas afectadas y el propio Síndic de Greuges, y tampoco ha tenido en cuenta las constantes observaciones y recomendaciones realizadas por parte de entidades y organismos expertos en esta materia.

Para evitar esta flagrante regresión de derechos en las prisiones catalanas, colectivos de juristas están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el contenido de la circular y desde las entidades y organismos firmantes solicitamos la suspensión inmediata de la nueva Circular y del Protocolo mencionado, así como la creación urgente de un Grupo de Trabajo en el Parlament de Catalunya para que esta problemática sea tratada con la participación de expertas, organizaciones de derechos humanos, personas privadas de libertad afectadas directamente, representantes del Departamento de Justicia y el Síndic de Gregues, en un auténtico proceso participativo que, hasta ahora, no solo no se ha hecho con evaluaciones, indicadores y un mínimo rigor, sino con precipitación y como cesión a las presiones corporativas.

Entidades y organismos firmantes de la solicitud de creación de un Grupo de Trabajo en el Parlament 

Alerta Solidària, Associació d’Advocats d’Osona en Defensa dels Drets Humans, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN CATALUNYA), Associació de Famílies de Presxs de Catalunya, Comissió de Defensa de l’ICAB, Coordinadora de l’Advocacia, Grupo SampAEN (Salud mental en Prisión, de la AEN), IACTA, Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, Justícia i Pau, Juristes de les Terres de l’Ebre per les Llibertats, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans UB – OSPDH, Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes