El estado español no firmará la Convención de los Trabajadores Migrantes de las Naciones Unidas

Algunos de los principales países de origen de la inmigración española, principalmente de América Latina, habían solicitado el pasado mayo al gobierno español que firmase y ratificase la Convención de la Naciones Unidas para la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, que regula los derechos de todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación, regular o irregular.

El partido socialista recogía este compromiso en sus programas electorales de 2004 y 2008. Sin embargo, y pese a las continuas demandas de algunos países emisores de emigración hacia España y de la sociedad civil, el gobierno siempre ha argumentado que los derechos que consagra la Convención ya están garantizados en la legislación española y que ningún país de la UE, ni ningún otro país receptor de emigración, ha firmado esta Convención. De todas formas, el gobierno socialista se ha comprometido en numerosas ocasiones a iniciar el debate sobre la necesidad de firmar esta Convención con sus socios europeos. La última ocasión, en mayo de este mismo año, en el marco del Examen Periódico Universal, un análisis de la situación de los derechos humanos al que han de someterse todos los países de Naciones Unidas, el gobierno aseguró que se estaba estudiando la posibilidad de firmar y ratificar la Convención.

Hoy, cuando la conclusiones de ese examen se han sometido a la consideración del Consejo de Derechos Humanos, el embajador de la representación permanente de España ante la oficina de la Naciones Unidas en Ginebra, Javier Garrigues, ha manifestado que España no firmará la Convención porque es un “texto desequilibrado en el que priman los intereses de los países de origen sobre los intereses de los países receptores de inmigración y porque no establece ninguna diferencia entre inmigración regular e irregular”.

Durante el Examen Periódico Universal a España, que se celebró el 6 y 7 de mayo de este mismo año, distintos países de las Naciones Unidas realizaron diversas recomendaciones al gobierno español para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. De un total de 137 recomendaciones, la delegación del gobierno español se comprometió entonces a trabajar para cumplir su mayoría, 85, y rechazó 18, muchas de ellas referidas a la política antiterrorista y a la prevención de la tortura. También aseguró estudiar las restantes 34 a las que hoy dio respuesta.

La delegación española ha comunicado que el gobierno español rechaza finalmente 21 de estas recomendaciones, la mayoría de ellas referidas a la firma de la Convención de los migrantes y, tal como se dejó entrever en mayo, a la política antiterrorista en general y al régimen de incomunicación en particular y, a la investigación de los crímenes del franquismo y a la definición del delito de tortura en el Código Penal.