El Consejo de Europa pide a España que investigue todas las denuncias de malos tratos

El CPT fue establecido por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa, que entró en vigor en 1989. Los miembros del CPT son expertos independientes e imparciales, entre los que se incluyen abogados, médicos y especialistas en cuestiones penitenciarias y policiales. El CPT no es un organismo de investigación, pero proporciona la estructura preventiva no judicial para proteger a las personas privadas de libertad contra la tortura y otras formas de malos tratos.

Este informe es el resultado de la quinta visita que el CPT hizo a España, entre septiembre y octubre de 2007. Durante esta visita, los miembros de la delegación del CPT se entrevistaron con autoridades estatales y representantes de diversas ONG y visitaron prisiones, comisarías y centros de detención en Madrid, Catalunya, País Vasco y Canarias, donde se entrevistaron con personas privadas de la libertad.

En este documento, el CPT pone especial énfasis en el régimen de incomunicación vigente y pide que se garantice a las personas detenidas el "derecho a designar a una persona para mantenerla informada de su detención y paradero lo más rápido posible y nunca pasadas 48 horas desde su arresto". Recomienda además adoptar las medidas necesarias para que tengan acceso a un abogado "desde el momento de su detención" y a ser examinados por un médico de su elección. El CPT señala que siempre que un detenido alegue haber sido víctima de malos tratos, el juez debería registrar las alegaciones por escrito, ordenar "inmediatamente" un examen médico forense, así como dar todos los pasos necesarios para asegurar una investigación. Finalmente, señala que la aplicación del régimen de incomunicación a menores de edad debería prohibirse.

El CPT subraya también la necesidad de garantizar que "nadie esté detenido más de 24 horas en el área de detención para extranjeros del aeropuerto de Barajas".

Aunque el CPT señala en su informe que las autoridades españolas han cooperado durante la visita, también advierte que ante la persistente falta de avance de algunas de sus recomendaciones sobre detención incomunicada, acceso a un abogado o masificación carcelaria, considerará la publicación de una declaración oficial, cosa que ha hecho sólo en contadas ocasiones.