Defiende hoy tus derechos porque #MañanaPuedesSerTú
El jueves 5 de abril lanzamos la campaña “Mañana puedes ser tu” para denunciar el auge represivo en todo el estado Español contra derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de reunión. Una iniciativa que impulsamos conjuntamente con las asociaciones Òmnium Cultural, Novact-Instituto Internacional para la Acción No Violenta, Fundipau e Iridia-Centre per la Defensa dels Dret Humans
La campaña denuncia cómo se está utilizando la legislación para perseguir la discrepancia y criminalizar la protesta. Para ello visibiliza nueve casos emblemáticos de activistas sociales, periodistas, artistas y responsables políticos encausados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Es el caso de las periodistas Cristina Fallarás y Merce Alcocer, multadas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana; los condenados por opiniones y expresiones en twitter Pablo Hasel, Valtonyc, César Strawberry y Cassandra Veray también las causas contra Jordi Pesarrodona, Jordi Cuixart y Helena Maleno.
A través de estos casos la campaña quiere apelar a la ciudadanía sobre el grave retroceso en la garantía y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales que se está produciendo en el estado español y que pone en riesgo los valores democráticos, el estado de derecho y la separación de poderes.
Una situación que hoy en día se hace patente en el contexto catalán y que se inició en 2011 con iniciativas legislativas como la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma del Código Penal, dirigidas a acallar la protestas ciudadanas contra las políticas de austeridad, y cuya aplicación se ha demostrado criminaliza el activismo y la disidencia y genera miedo a la hora de expresarse o manifestarse libremente.
Según datos de Amnistía Internacional el número de personas procesadas en aplicación del artículo 572 del Código Penal sobre el enaltecimiento del terrorismo y el hostigamiento a las víctimas aumentó de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas. Y en 2016 podrían haberse impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información en aplicación de la la Ley de Seguridad Ciudadana.
En este contexto de criminalización de la disidencia y la protesta democrática, asistimos también a un abuso en la aplicación del artículo 510 del Código Penal que persigue los delitos de odio contra los colectivos más vulnerables.