2024: Un año de represión contra la protesta
La coalición Defender a quien Defiende presenta su informe anual sobre el estado del derecho a la protesta en España, revelando un alarmante aumento de la represión. En 2024, se registraron 1.140 vulneraciones de derechos en 228 casos documentados, una cifra equivalente a la suma de las vulneraciones registradas en 2022 y 2023 juntos.
Defender a quien Defiende monitoriza y sistematiza las vulneraciones de derechos en contexto de protesta a través de su herramienta Red Malla, y también en terreno
a través de SomDefensores y la Red de Observación en Contexto de Protesta .
El informe evidencia que las protestas en solidaridad con Palestina han sido las más reprimidas en 2024, con: 34 detenciones, 133 identificaciones, 16 casos de represión judicial y más del 58% de los casos de censura en el Estado español. Esta tendencia ya se detectó en 2023, cuando, en solo tres meses, el movimiento solidario con Palestina se convirtió en el cuarto más perseguido. Esta tendencia no es exclusiva de España, sino una tendencia global.
Uno de los casos más graves documentados en el informe ocurrió el 6 de octubre de 2024 en Santiago de Compostela, donde una gran manifestación en apoyo a Palestina terminó con 9 personas detenidas, que ahora enfrentan procesos judiciales por supuestos delitos contra el orden público y lesiones a los agentes.
El informe también destaca la represión contra el movimiento por el derecho a la vivienda, que continúa siendo el segundo más criminalizado, y el auge de la lucha contra la turistificación, que ha cobrado un nuevo protagonismo en 2024.
Además, se confirma la consolidación de métodos represivos previamente documentados, como el espionaje estatal a través de infiltraciones policiales y el uso del software espía Pegasus. A pesar de que han pasado tres años desde la exposición del primer caso, el Estado sigue sin asumir responsabilidades ni ofrecer respuestas.
Este año, la investigación cuenta con la colaboración del periodista y activista Youssef M. Ouled, que analiza la islamofobia de Estado y el racismo antimusulmán como una práctica sistemática en España. El informe concluye con una serie de recomendaciones urgentes para proteger el derecho a la protesta, entre las que destaca una reforma garantista de la Ley Mordaza.