Tres relatores de la ONU, Fabian Salvioli, relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sitúan en el foco la promoción de tres leyes autonómicas españolas catalogadas como leyes de “concordia”.
Asimismo aclaran que las leyes propuestas por las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, representan un desafío para el contenido de la Ley de Memoria Democrática promulgada en 2022 por el Gobierno central. Según los relatores, estas leyes “podrían afectar a la obligación del Estado Español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos” y se recuerda al Estado “la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.”
Este mandato solicita una respuesta por parte de España y anuncia que se incorporará al informe presentado al Consejo de Derechos Humanos.
Más información disponible en el comunicado.
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