El Examen Periódico Universal a España finaliza con 256 recomendaciones que el gobierno se compromete a poner en marcha para mejorar la situación de los derechos humanos

Esta mañana el Conejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado el informe resultante del Examen Periódico Universal a España. Un mecanismo que evalúa cada cuatro años el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en el país y emite una serie de recomendaciones que el gobierno debe comprometerse a cumplir o rechazar de forma argumentada. Es la tercera ocasión en que el Estado español se somete al EPU.

En el examen, celebrado en enero de este año, los países miembros del Consejo formularon 275 recomendaciones en diversos ámbitos de la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, así como otras para la reparación de las violaciones detectadas.

Durante la sesión de esta mañana celebrada en Ginebra el representante del gobierno español dio respuesta al examen, comprometiéndose a aceptar 252 recomendaciones, rechazando 13 y tomando nota de las 10 restantes.

Recomendaciones aceptadas

De las 275 recomendaciones, el gobierno español se ha comprometido a aceptar en su totalidad 252, entre las que destacan:

• Garantizar que la ley básica sobre la protección de la seguridad pública no infrinja la libertad de expresión y reunión. En este sentido, el gobierno ha anunciado que reformará la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015 sobre la protección de la seguridad ciudadana y la Ley Orgánica de 15 de julio de 1983 sobre el derecho de reunión, y establecerá un código de conducta para la aplicación de la ley.
• Incorporar a la legislación medidas para prohibir el perfil racial en las políticas de seguridad, incluida la eliminación de los controles de identidad basados en el perfil étnico y racial.
• Iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones.
• Proseguir los esfuerzos para combatir todas las formas de discriminación contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas de ascendencia africana, en particular con respecto al acceso al empleo, la vivienda y la atención médica.
• Redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud, seguridad social y educación de calidad por parte de los sectores vulnerables, incluidas las minorías

Recomendaciones no aceptadas

Sin embargo, el gobierno ha rechazado 13 de las recomendaciones, argumentando discrepancias en la forma de implementarlas, así como otros factores de orden jurídico, presupuestario o constitucional que impiden su plena aplicación. Entre las recomendaciones rechazadas, resulta especialmente preocupante las relacionadas con la detención migratoria y el asilamiento en detención.

Finalmente, el gobierno anuncia que toma nota de 10 recomendaciones, es decir, que o bien no se compromete a aplicarlas en la actualidad, o se muestra en desacuerdo con su contenido. De estas recomendaciones, preocupa especialmente

• la falta de voluntad para ratificar la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus familias,
• la oposición a crear una Defensoría de los derechos de la niñez,
• la negativa a proporcionar alojamiento humanitario temporal a las personas migrantes irregulares mientras sus casos son procesados, como alternativa a la detención
• el rechazo a despenalizar la difamación e incluirla en el Código Civil, de conformidad con las normas internacionales de necesidad y proporcionalidad para restringir la libertad de expresión.

Cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones

El informe adoptado esta mañana recoge todas las recomendaciones formuladas durante el examen, así como la respuesta del gobierno indicando las aceptadas y las no aceptadas. Constituyéndose así en una hoja de ruta para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, en la que el gobierno se compromete internacionalmente a poner en marcha las medidas aceptadas.

El representante del IDHC ante el Consejo de Derechos Humanos, Karlos Castilla, durante su intervención en la sesión ha expuesto las anteriores preocupaciones y ha recordado que “las recomendaciones aceptadas deben ser cumplidas en su totalidad, ya que de poco sirve acumular ciclo tras ciclo el reconocimiento de la necesidad de mejorar, es necesario pasar de las palabras y las expresiones de buena voluntad a los hechos y la realidad”. En este sentido se ha referido específicamente a la reforma, derogación o declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana a la que el gobierno se ha comprometido.

De igual manera, reclamó que se abran espacios de diálogo entre todos los estamentos del Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a las recomendaciones aceptadas ahora y en ciclos anteriores. “Por Estado español no debe entenderse únicamente su gobierno estatal, sino también el poder legislativo y judicial, las comunidades autónomas y ayuntamientos, así como otras instituciones como el Tribunal Constitucional. Además, el diálogo y seguimiento de recomendaciones no debe centralizarse en Madrid. El cumplimiento de las recomendaciones sólo será posible si se desarrolla en todo el territorio del Estado”.

Con esta sesión se pone fin al tercer ciclo del Examen Periódico Universal a España se abre el periodo de cumplimiento de las recomendaciones.