La situación de la tortura en España, a la luz de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

“La situación de la tortura en España no es una práctica generalizada pero sí está lejos de ser una práctica erradicada”, así se recoge en el informe La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a España por torturas. Del terrorismo a la criminalización de la disidencia.

El último informe del Institut de Drets Humans de Catalunya concluye con esta afirmación a partir del análisis jurisprudencial de seis sentencias del Tribunal Europeo. En las seis ocasiones el Tribunal condena a España por la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la tortura. El artículo recoge que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” pero el alcance de esta prohibición va más allá de la literalidad de su texto. El Tribunal y la doctrina internacional entienden que la falta de investigación de las denuncias de tortura es una violación en sí misma y constituye también delito de tortura. En la mayoría de sentencias se condena a España por la falta de una investigación rigurosa de los casos de tortura.

Las conclusiones de este informe confirman las recomendaciones de organismos internacionales de protección de los derechos humanos como el propio Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o el de Naciones Unidas. En numerosas ocasiones, estos organismos han recomendado a España aumentar las medidas para prevenir la tortura, concretamente eliminar las situaciones donde se facilita la comisión de torturas. Normalmente bajo la ley antiterrorista que permite mantener hasta 13 días a los acusados de pertenecer a banda armada en régimen de incomunicación. Como se recoge en el informe “resulta paradójico que mientras los informes de organismos internacionales, ya desde los años 90, alertaban de lo inconcebible de un régimen de incomunicación de hasta cinco días, las reformas adoptadas por España han seguido una dirección totalmente opuesta. La regulación española de la incomunicación sí se ha modificado desde 2003 pero para ampliar un inicial período de 5 días hasta el máximo de 13 que se prevén actualmente. Se llega al absurdo de que pocos meses después de que el Comité Contra la Tortura expusiera su preocupación por el período de cinco días e instara a su reducción, el Gobierno aumentara el plazo hasta un máximo de 13 días”.

Pese a ello, se debe tener en cuenta que la tortura no es únicamente un problema que se haya dado en sospechosos de delitos de terrorismo o se dé en la actualidad en movilizaciones sociales. La cantidad de denuncias por maltrato a internos en centros penitenciarios va en aumento y la misma tendencia siguen las quejas por el tratamiento a extranjeros. Esta diversidad en cuanto a posibles escenarios en los que se dé la tortura queda plasmada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre España relativa a la violación del artículo 3. Si bien la mayoría de los pronunciamientos hacían referencia a sospechosos de delitos de terrorismo, se encuentra también ejemplos de ataques a manifestantes y del trato dado a extranjeros.