España tiene una legislación poco eficaz para luchar contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia

El relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, visitó España del 21 al 28 de de enero de 2013. Durante su visita, el relator visitó Almería, Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla, y se reunió con representantes de la administración, así como también con representantes del poder legislativo, judicial y de las fuerzas de seguridad. Ruteere también mantuvo entrevistas con el Defensor del Pueblo y otros defensores regionales y sostuvo con distintas organizaciones de derechos humanos.

Tras la visita, el relator presentó su informe en el 23 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos el día 6 de junio de 2013. En el informe se constata la vulneración de derechos que viven algunos colectivos como migrantes, gitanos y refugiados. Concretamente se recoge cómo la crisis económica ha supuesto un retroceso en la lucha contra el racismo y la xenofobia, entre otros motivos, por la falta de apoyo financiero a las organizaciones dedicadas a esta labor. De hecho, en el informe se verifica el retroceso en cuanto a los derechos humanos con respecto a los inmigrantes a causa de la crisis financiera. Según palabras del relator, “debido a la crisis económica, la situación de los inmigrantes ha empeorado, de modo que se han revertido algunos de los logros en materia de derechos humanos de los inmigrantes, que experimentan una mayor tasa de desempleo”. En este sentido, se solicita que el gobierno tome medidas concretas y eficaces para combatir la segregación racial en los barrios, la violencia racial y las condiciones de vida y de trabajo, la xenofobia en la educación, el empleo, la vivienda y el acceso a los servicios públicos.

El informe es muy crítico con la legislación española contra el racismo y la xenofobia, de hecho, se afirma que el derecho de igualdad ante la ley no está contemplado explícitamente en la Constitución para los extranjeros, sino que en el artículo 14 sólo se recoge este derecho para los españoles. El relator solicita que se garantice también para los extranjeros y que se adopte una legislación adecuada para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Para ello, sugiere que se utilice como base el proyecto de ley 121/000130 de 2011, realizado en su momento en colaboración con las ONG y que el Congreso rechazó aprobar en 2012.

En su análisis del marco jurídico, el relator llama también la atención sobre “ las condiciones relativas a las circunstancias agravantes que son muy restrictivas y solo se aplican en unos pocos casos”. También expresa preocupación por la falta de armonización de las disposiciones del Código Penal en relación con la no discriminación, entre otras cosas el hecho de que algunos motivos de discriminación prohibidos en algunos artículos no se incluyeran en otros artículos relativos a la discriminación racial”.

Por último, el relator recuerda a España la necesidad de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares y la Convención para reducir los casos de apàtrida. Cuestión que el gobierno español ha rechazado en innumerables ocasiones, al igual que el resto de países de la Unión Europea.